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La salvación para la ex candidata
presidencial vino por el lado del Tribunal
Constitucional (TC) que, de un momento a otro, tomó tal decisión. Con el
voto en mayoría de un grupo de magistrados encabezado por su presidente, el
doctor Ernesto Blume Fortini, a quien
se sindica como el autor y gonfalonero de tal medida.
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Le han dicho fujimorista al abogado que, años
anteriores, fue pepecista y después de Somos Perú, el partido de Alberto Andrade. El fallo que firmó, de
acuerdo a la opinión de los entendidos, es de corte jurídico y legal que ha
alcanzado, inclusive, la condición de
cosa juzgada. Sin embargo, los detractores son numerosos afirmando que
la decisión ha sido una aberración
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Por su parte, una parte de la población está de acuerdo con lo que ha ocurrido.
La apoyan a Keiko con convicción y, sin dudar, en ningún momento. Pero hay otra, significativa y numerosa que, de
frentón, se inclina a criticar y a oponerse a la sentencia.
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Este último sector sostiene que la política fujimorista debe estar en la
cárcel y acusan que ella es “delincuencial y corrupta por sus cuatro costados”.
Así de fuerte y drástica es el veredicto. Así se divide el país, dicho sea de
paso.
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Ahora bien, lo primero que hay
que explicar es que la señora Fujimori ha recuperado su libertad en merito a un habeas corpus que presentó su
hermana Sachi a ese organismo
estatal. Eso se ha conseguido
legalmente.
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Pero lo
que si sigue por la vía del juzgamiento es la investigación por lavado de activos que tiene la acusada,
desde hace un buen tiempo. En ningún momento, Keiko ha
sido declarada inocente.
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Su situación judicial todavía está por verse y la decisión la tomaran las autoridades correspondientes. Lo recomendable es que esto sea rápido y no a paso de tortuga. Justicia tardía, en ninguna parte del mundo, es justicia.
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Su situación judicial todavía está por verse y la decisión la tomaran las autoridades correspondientes. Lo recomendable es que esto sea rápido y no a paso de tortuga. Justicia tardía, en ninguna parte del mundo, es justicia.
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Ahora bien, eso de las prisiones provisionales, de por sí, es una conjunción de injusticias y hasta se puede decir de ilegalidades tremendas, las mismas que atentan
directamente en contra de la presunción
de inocencia, que es un principio elemental del Derecho. No lo olvidemos
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Lo que
sí se debe hacer es investigar a fondo, avanzar en el proceso, juzgar y
condenar. Si el acusado es culpable a la cárcel
de todas maneras. Y si es inocente, hay
que respetar sus prerrogativas. Lo que no se puede, de ninguna manera, es
jugar con la honorabilidad de las personas. Ya es tiempo que acabemos con estas
anomalías que llaman la atención a gran parte los peruanos.
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Tan cierto es que Keiko Fujimori sigue investigada es que
el Juez, Víctor Zuñiga Urday, acaba
de declarar fundado el pedido fiscal
para que su partido Fuerza Popular sea
incorporado, como persona jurídica, en la investigación por los presuntos
aportes ilícitos de las campañas electorales.
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Cabe señalar que la disposición
habilita al Fiscal, José Domingo Pérez
del equipo especial Lava Jato, para que pida la eventual suspensión o disolución de dicho partido político
cuando finalice su investigación del caso Odebrecht.
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Sigamos viendo casos judiciales
determinados. Uno de los que llamó más
la atención fue la de los abogados-árbitros. Todos a una en la cárcel: los
buenos, los malos y los peores. Pero allí de todas maneras había inocentes. Tal
es el caso de los doctores Fernando
Cantuarias Salaverry, Mario Castillo Tovar y Franz Kundmüller Caminiti.
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Felizmente que las apelaciones se vieron de inmediato
y los tres, además de otros implicados, lograron
salir de la cárcel. Se les había impuesto indebidamente 18 meses de prisión
preventiva, por supuestamente haber favorecida a la empresa Odebrecht. Cuando
la acusación nada tenía que ver con lo que hicieron, en el ejercicio de sus
funciones profesionales.
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Allí sí se registró la mano acusadora de un sinvergüenza de
tomo y lomo que si recibió plata indebida de la empresa brasilera, para ser
favorecida, con billete contante y sonante, en los arbitrajes que intervino. Se trata del abogado Horacio Canepa Torre convertido en
colaborador eficaz y viviendo feliz en su ciudad natal que es Huánuco, sin
problema alguno. La justicia, definitivamente,
está de cabeza.
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La actuación ramplona y poca
acertada de Francesco Petrozzi resultó evidente y le costó el puesto
de Ministro de Cultura. Antes de sucumbir, el ex fujimorista comenzó a hostigar,
indebidamente, al Presidente del Instituto de Radio y Televisión del Perú
(IRTP), Hugo Coya.
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Le exigía una
cobertura informativa exclusiva favor del gobierno y de su sector. Qué
barbaridad, si este es el canal de todos los peruanos. Pero no sólo eso pasó.
Sino que se registró una manera tan
peculiar y equivocada de negociar una salida de la administración pública.
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El Ministro le pide la renuncia. Y el
subordinado (Coya) le dice que lo va a
pensar y consultar con su abogado. Que cosa es esto. Nada más y nada menos
que equivocaciones totales. Los cargos
de confianza tienen su comienzo y su fin a como de lugar y no son, precisamente,
cuestiones para razonar o para considerar. Tampoco, evidentemente, a fin de consultar.
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El colmo es que el Presidente del
IRTP, poquísimo tiempo después, le dice a su jefe que ha reconsiderado y que,
efectivamente, se va. Siempre y cuando le firme la resolución de
autorización de salida del país, para cumplir una actuación oficial en
España y luego en Inglaterra, donde visitaría la BBC de Londres. Le puso condiciones a su jefe. Inadmisible.
Y este aceptó. Qué barbaridad.
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El Ministro firmó el documento del viaje, con
una ineptitud intolerable. Qué pésimo
criterio. Que tal estupidez. Entonces, el periodista viaja y luego viene el bolondrón, Lo cesan a la mala y nombran
a otro especialista: Eduardo Guzmán como Presidente del ITRP. Pero el
anterior burócrata televisivo sacó gratis, al menos, su viajecito. Digno de Ripley ¿O de qué?
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Al margen de los pormenores de la
renuncia, las acusaciones también son
endebles y evidentemente poco acertados. Petrozzi cometió el craso error de hablarle a Coya de que había funcionarias
de Palacio que habían envenenado al Presidente de la República. Una de
ellas la Secretaria General, Mirian
Morales. La otra la Directora de Prensa de la Casa de Pizarro, Monica Moreno. Si es cierto como se comenta, ¡Qué tales arpías!
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Lo real es
que la discrepancia y la ponzoña estuvo relacionada con la cobertura
informativa del Canal 7 a eventos políticos contrarios a los intereses del
gobierno. Entre ellos: la reacción de
Mark Vito Villanela a la noticia de que Keiko iba a ser liberada, las opiniones
poco importantes e insulsas de la ex congresista Milagros Salazar entre
otros temas.
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Lo que muchos dicen es que el
Canal del Estado estaba siendo manejado con objetivodady con amplitud. Para muchos, justo es atribuirle el mérito de ello a
Coya. No obstante, de que cometió el garrafal error de sacar su viajecito. Lo demás son pamplinas y errores
tremebundos del gobierno. Esta es la verdad monda y lironda.
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A propósito, ya se designo a la nueva Ministra de Cultura. La que reemplaza a Petrozzi. Se trata de la Arqueóloga y Antropóloga,
Sonia Guillén Oneglio, natural de
Huánuco, que estudió en la Universidad de San Marcos y trabajó, con este seguro
servidor, en la empresa minera de Southern Perù de Ilo. Allá en el sur, ella veía el proyecto Chiribaya de
alcance monumental.
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La Chiribaya es una rica cultura
de pasado esplendoroso que se desarrolló entre los 800 y 1400 antes de Cristo.
Actualmente en dicho puerto, en la zona del Algarrobal, hay un museo que exhibe
lo más rico del pasado de dicho lugar. La
Ministra Guillén colaboró, con creces, en esta tarea de eminente carácter
cultural.
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Lo que está que arde es un presunto acto de corrupción que
involucra al Presidente Martín Vizcarra
y el Ministro de Transportes, Edmer
Trujillo, cuando eran gobernador y gerente del Gobierno Regional de
Moquegua, respectivamente.
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Hay de por medio la denuncia de la Contraloría General de la República a 14 ex funcionarios de esa repartición
estatal y a aquellos que resulten responsables. El hecho permitirá a la
Fiscalía investigar nuevamente el caso.
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Lo que se acusa es que Trujillo le entregó, de forma completamente
irregular unos 42 millones de soles fraccionados en más de 130 recibos, a
un consorcio integrado por ICCGSA, una de las más fuertes compañías del ahora
llamado Club de la Construcción, grupo de firmas investigadas por sus sobornos
a personas determinadas para obtener obras públicas.
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Esto último ocurrió el 31 de
diciembre del 2014. Precisamente era el último día que Vizcarra se desempeñaba en dicho cargo, allá en dicho departamento.
Lo entregado era un adelanto para un
hospital. El problema consistía en que la
obra ni siquiera había empezado y tampoco
tenía el terreno para ser construido.
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Lo que se dice es que en el
negocio también participó José Manuel
Hernández, cuya firma supervisora cobró más de 7 millones de soles en esta obra. Este señor fue Ministro de Agricultura
del Gobierno de Pedro Pablo Kukzynski.
Conjuntamente con Vizcarra y Trujillo
quienes también integraron ese gabinete en los despachos de Transportes y
Vivienda, respectivamente-
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Lo que se denunció es que el monto de dinero fue sacado con una
rapidez impresionante. Los procedimientos duraban minutos. Mientras que,
usualmente, se demoran días e incluso semanas. Todo es posible en el mundo de
la corrupción.
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También se asegura que hay otra
entrega ilegal de unos 25 millones de
soles, de parte del gobierno regional al consorcio del hospital. Ello se hizo, según se denuncia, sin
siquiera existir el expediente técnico correspondiente.
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Cabe precisar, sin embargo, que las denuncias fueron archivadas en la
Fiscalía el año 2017 y el 2018. Ahora
la investigación se reabrirá en base de lo que diga la Contraloría. ¿En que quedará todo esto? Al menos hay
que decirle no a la corrupción. Por el bien del Perú (Noé)