PASO ADELANTE EN CASO UCHURACCAY

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) calificó como admisible el caso donde salvajemente perdieron la vida ocho periodistas y un guía en la explanada de Uchuraccay, a más de 4 mil metros sobre el nivel del mar, ubicada en la provincia ayacuchana de Huanta.
No sólo eso sino como paso adelante en la busqueda de la verdad,  la CIDH sostuvo que existe un retardo injustificado de que hasta ahora no se sepa quienes son los autores de la matanza, no obstante de que han transcurrido más de 27 años de ocurridos los lamentables y execrables hechos. Llamó también la atención internacional que no se haya culminado el proceso penal correspondiente.
Todo ello dio lugar a la declaración de admisible por “presunta violación al derecho a la vida, derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, así como el de garantías judiciales y de protección configuradas en las leyes y que el Perú como Estado, está obligado a respetar y garantizar".
En Uchuraccay murieron torturados con los cráneos destrozados y enterrados desnudos: Willy Retto Torres, José Luis Mendivil, Jorge Sedano Falcón, Eduardo de la Piniella Palao, Félix Gavilán Huamán, Pedro Sánchez Gavidia, Amador García Yanque, Octavio Infante García y el guía Juan Argumedo.


Las víctimas de Uchuraccay

En los considerandos del informe N° 6210 de la referida comisión se deja establecido que los familiares de las víctimas alegaron violación por parte de la República del Perú ante la Comisión Americana sobre Derechos Humanos, tras responsabilizar al gobierno de las muertes por una supuesta participación de militares en los hechos.
IRREGULARIDADES
Asimismo dejaron establecido que las autoridades judiciales del país  no investigaron la presunta participación de las fuerzas del orden en la masacre, así como de otras irregularidades durante los juicios penales abiertos por tal motivo.
La Comisión recordó que, el Estado peruano en su defensa, argumentó que los sucesos “simbolizan los aciagos años de violencia en el país a causa de la guerra interna”, protagonizada por el terrorismo demencial.
La tesis sostenida por las autoridades peruanas es que el asesinato fue perpretado exclusivamente por los campesinos de Uchuraccay y que la presunta responsabilidad de los infantes de Marina, no fue probada judicialmente.
Respaldaron su posición en lo dicho por la Comisión de la Verdad y Reconciliación que descarta como ejecutores de la matanza a los infantes de Marina y a los Sinchis de la Guardia Civil porque “no se constató que los militares fuesen los perpetradores directos de los hechos”.
En cuanto a los juicios realizados en el Poder Judicial, la CIDH precisó que en 1983 se inició un proceso penal en Huamanga que fue trasladado a la ciudad de Lima, a solicitud de los familiares.
Indicó que, el 9 de marzo de 1987, un tribunal especial condenó a Dionisio Morales Pérez, Mariano Ccasani y Simeón Auccatoma Quispe a diez, ocho y seis años de prisión, respectivamente por el delito de homicidio simple. Los familiares presentaron recurso de nulidad.
También recordó que, el l5 de junio de 1988, la Corte Suprema emitió un fallo definitivo en relación a los tres condenados, subsistiendo reserva respecto a 14 reos declarados ausentes en el proceso.
Los actuados fueron remitidos al Juez de Turno de Huanta, ordenando se abra instrucción penal contra los miembros del Ejército, Marina PIP y Guardia Civil, como autores de los delitos contra la administración de justicia y contra los deberes de función. A la fecha, no existe informe alguno de instrucción eventualmente abierta.
En cuanto a la masacre en sí, los ocho periodistas acompañados del guía se dirigían a la localidad de Huaychao. Era el 26 de enero de 1983. Allí querían realizar una investigación periodística, respecto a eliminaciones forzadas contra los miembros de las comunidades campesinas que, precisamente, comprometían a las fuerzas del orden. Al llegar a la comunidad de Uchuraccay, los comunicadores fueron asesinados.