NOTARIOS DESCONOCEN LA LEY

Hace 10 años, en el  2004, la doctora Asunción Ponze Cuba, inició una complicada y titánica labor de índole judicial para resolver a su favor un derecho humano elemental que por principio nunca debe ser vulnerado, el de la unidad familiar, y hasta ahora, en forma inconcebible, no puede vivir continuamente con su esposo y sus dos hijas en la ciudad de Lima donde, precisamente, ha sido nombrada, con todas las de la ley, para ejercer el cargo de Notaria Pública del distrito de Miraflores. Incluso con titulo emitido por nada más y nada menos que el Ministerio de Justicia. Inconcebible pero cierto y digno de rechazo: los notarios, a  través de sus organismos directivos y los propios entes del estado del referido sector, desconocen por completo la ley.

El hecho singular e incluso insólito se ha presentado en vista de que el Colegio de Notarios de Lima en forma prepotente, caprichosa y abusiva se niega a cumplir el mandato judicial competente y legitimo que tiene carácter irreversible de cosa juzgada. Peculiar e inadmisible realidad  que le impide a Ponze jurar  el cargo que le corresponde genuinamente ante las autoridades de la referida institución gremial, cuyo Decano es el doctor Carlos Enrique Becerra Palomino.

En efecto, la doctora Ponze que actualmente ejerce como Notaria en la ciudad de Puno, tan lejana a la capital y a sus seres queridos, consiguió la designación de reubicación luego de ganarle un juicio contencioso administrativo al Consejo del Notariado y al propio Ministerio de Justicia. La sentencia se emitió de forma impecable y a tales organismos no le quedó otro camino que   cumplir con sus efectos.


La doctora Ponze con su esposo el doctor Gino Yangali.
(Foto Diario El Comercio).

¡QUE TAL MANERA!

Lo hicieron pero a su manera. Casi siempre dilatando de forma sinuosa y  lesionando,  constantemente, los intereses legítimos de la agraviada. Primero la nombraron al distrito de Pucusana, una plaza reducida de usuarios y de poco movimiento, a 50 kilómetros de Lima de forma enteramente discriminatoria, comparando peyorativamente a Puno con ese balneario. Actitud que no tiene fundamento y nunca debió ocurrir. Cada ciudad del país tiene sus valores y existe la obligación de respetarlas.

Luego la designaron a San Juan de Miraflores, sin contemplar que era lejana a su residencia habitual. Hasta que no les quedó otra que ubicarla en Miraflores. A continuación vino la oposición total, tajante al juramento correspondiente y, por ende, el impedimento de ejercer el notariado en la capital de la república, donde reside su familia. Entre ellos su esposo, el doctor Gino Ernesto Yangali Iparraguirre, Presidente de una sala laboral de la Corte Superior de Lima.

“Hay la obligación de cumplir con los mandatos judiciales que son sentencias firmes. Si no se hace ello, estaríamos viviendo en una anarquía total donde nadie acataría nada. Lo que no es ni propicio ni, evidentemente, recomendable para la vida nacional”, dice  con convicción la notaria vejada en sus derechos más elementales. Cuando recuerda las horcas caudinas por las que pasa de forma enteramente irregular. 

AMPARO

Lo cierto y lamentable es que allí no queda la cosa y el referido colegio recurrió a la leguleyada que retrata de cuerpo entero la dilación emprendida, por razones que no tienen explicación lógica. Ni menos justas.

El Colegio de Notarios de Lima inició una acción de amparo ante las autoridades correspondientes, pidiendo la nulidad del nombramiento conseguido y que todo vuelva a fojas cero. Como si no hubiese derechos ganados en lid impecable.   La sentencia correspondiente ha sido emitida, con fecha  24 de Enero del año en curso y colgada en la página web correspondiente el 31 de los corrientes. En esta oportunidad otra vez se  da la razón a Ponze, como prueba fehaciente de su licito  proceder.

Tal situación, de por sí rechazable,  daría lugar automáticamente a un proceso penal por el delito de  Administración Pública, Resistencia o Desobediencia a la Autoridad y  Rehusamiento Ilegal a Ejecutar un Acto de su Cargo en contra de los miembros del Colegio de Notarios de Lima, Consejo del Notariado y las autoridades del Ministerio de Justicia que integran este organismo. Incluso comprometiendo al titular del sector, el doctor Daniel Augusto Figallo Rivadeneyra.

Para tal efecto y de acuerdo a ley, la agraviada recurrió a la II Fiscalía de Prevención del Delito que ha determinado, con exactitud, que hay ilícitos de este tipo. La Policía del Ministerio Público también concluyó su trabajo de la misma forma. Actualmente, la 42 Fiscalía Penal está por decidir  la acción correspondiente. Lo que ya se puede prever es que no hay escapatoria a las acciones de este tipo.


Carece de legalidad este colegio profesional.

DENUNCIADOS

Uno de los denunciados penalmente, obviamente, sería Becerra Palomino, por la presunta comisión de los delitos indicados. Pero también estarían comprendidos los  que tienen responsabilidad como integrantes de este organismo  como Frieda Roxana del Aguila Tuesta,  Willy Ramírez Chavarry, Edgar Zenón Chirinos Manrique y el Notario Oscar Leyton.

De acuerdo a la opinión de los juristas y los entendidos en estas lides  puede presentarse, próximamente, otra denuncia de estas características que sería formulada si es que a la larga y concluidos los procesos, no se cumple con tomarle a la notaria el juramento correspondiente.

Mucho se ha comentado, sin fundamento alguno, que uno de los abogados de la doctora Ponze sea su propio esposo, el doctor Yangali Iparraguirre, en su condición de Vocal del referido distrito judicial, sosteniéndose erróneamente que hay un supuesto  conflicto de intereses.

Cuando, precisamente, el magistrado tiene el derecho de  ejercerlo  porque no hay ni existe  ley que lo prohíba. “Otro infundio que está enteramente aclarado y no merece mayores comentarios”, dice  con convicción la agraviada. 

LA OCMA

Más aún cuando la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) en impecable resolución, de fecha 23 de enero del año en curso, resolvió que no existe ningún merito para abrir procedimiento disciplinario contra Yangali, en su actuación como juez superior por el cargo de patrocinio ilegal en el trámite del expediente de su esposa y declaró, prescrita de oficio, la investigación correspondiente.

 Lo  que  está reconociendo este organismo de control y de sanción es que el magistrado, de pulcra actuación a lo largo de su vida profesional donde incluso llegó a ser Notario de la ciudad de Juliaca entre otros importantes cargos, se encuentra habilitado para ejercer la defensa en causa propia y la de su cónyuge.

Adicionalmente, cabe subrayar que la doctora Ponze ha demostrado, durante largos años, una capacidad comprobada de notaria eficiente en la ciudad de Puno. Nunca ha sido sometida a proceso alguno y tampoco ha acumulado quejas en el desempeño impecable de sus funciones.

Sin embargo, sus detractores sostienen falsamente que ha postulado cuatro  veces para la notaria de Lima. “Este es otro infundio inaceptable. He ganado un concurso público con la mejor nota de méritos absolutamente transparente y por eso me desempeño en Puno. Así inicie el trámite de reubicación y no luego de repetidos intentos”, aclara.

Ponze trabaja en Puno donde tiene mucho prestigio profesional.

¿CONCURSO?

Luego explica con precisión: “De acuerdo a la normatividad vigente, no es indispensable participar en un concurso. Aquí no está en juego ello y no es un detonante negativo. Lo que está de por medio es el incumplimiento de la ley”

La doctora Ponze anuncia con claridad y firmeza que “no desistirá y seguirá en esta lucha desigual por el reconocimiento de los derechos humanos de los notarios y la inclusión dentro de la carrera y función de este tipo para que prevalezcan los valores que dignifican al ser humano, frente a los intereses patrimonialistas de quien o quienes fueran. Acudiré, de todas maneras, a los fueros internacionales si fuera preciso”

La agraviada va más allá en sus críticas a sus detractores cuando sostiene, con una serie de argumentos jurídicos y legales, que el Colegio de Notarios de Lima no tiene ninguna ley de creación y menos aún está inscrito en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP). En consecuencia y en buena cuenta, dicho organismo carece por completo de legalidad.

“Todos hemos supuesto hasta ahora que existe tal institución. Sin embargo, el hecho en si comprobado es que es imposible corroborarlo con algo que suponga respaldo legal”, afirma mostrando una  copia del Indice Nacional de Personas Jurídicos de Registros Públicos, el mismo que a la letra y textualmente sobre dicho colegio dice lo siguiente: “No se encontraron datos”.

Lo que no sabemos y hay que preguntarle al Consejo del Notariado porque la interrogación cae por madura: ¿En mérito a qué se admite la participación de un colegio de notarios que no ha acreditado que existe formalmente?

Todo aquí es ilegal para los notarios con sus correspondientes órganos representativos y completamente legales para la agraviada, la doctora Ponze. Ya es tiempo que el Poder Judicial, de una vez por todas y una vez más, le de la razón. Por el bien de la justicia.