CLARO...CLARISIMO

A capazos finalizó el pacto secreto entre  el Gobierno y la oposición por la intransigencia de ambos  bandos. Tanto el  de Peruanos por el Kambio (PPK) empecinado en no dar el indulto humanitario al ex presidente, Alberto Kenya Fujimori Fujimori, como de Fuerza Popular que, evidentemente, está dividido entre alberrtistas y keikistas.  Nadie se puso de acuerdo con las coyunturas políticas para caminar de la mano y al final todo abortó.

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Ahora tenemos varios hechos políticos que se enfrentan en contra de la gobernabilidad del país. A un lado, la mayoría fujimorista del Congreso insistiendo en censurar ministros por quítame estas pajas. Prácticamente, en el cadalso y próximos a salir del gabinete, están los titulares del Interior y de Salud: Carlos Basombrio Iglesias y Patricia García Funegra, respectivamente.

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El primero  sería interpelado por pretextos más que responsabilidades específicas y concretas. Las andanzas de los miembros del Movadef por las calles resguardados por la policía. También se le pide que informe a profundidad por la inseguridad ciudadana y el crimen organizado,  entre otros temas.

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La oposición acusa a sabiendas de que Basombrío es un ministro que trabaja notablemente, con efectividad y conocimiento de causa mucho mayor que los anteriores que pasaron por ese difícil y controvertido portafolio. Los expertos aseguran que se están viendo resultados positivos después de muchos años de fracasos: la seguridad está cambiando para bien en el país.

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 En efecto, hay cifras concretas que demuestran la disminución de los actos delincuenciales, planes específicos y concretos en contra del mal vivir. Pero aquí todo vale y pronto podría registrarse  la vacancia del titular de esta cartera.

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Con la Ministra Garcia  pasa lo mismo. Ella, como médico de prestigio y enterada conoce a profundidad los temas de su sector y está emprendiendo una reforma de la salud, ha sido acusada por “no hacer nada” con respecto  al dengue, enfermedad que sufre cierto sector de la población en el norte del país, por efecto de las lluvias y el desborde de los ríos.

Lo ha dicho la Congresista de Fuerza Popular, Lourdes Alcorta, ex pepecista incondicional de Lourdes Flores Nano, ex PPKausa y hoy fujimorista. En buena cuenta, tránsfuga total y convenida a los vaivenes de los políticos triunfantes.

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Pero allí no queda la cosa. Las criticas son mayores. El Congresista del mismo partido, Segundo Tapia, sostiene que el sector “está en abandono” dejando de lado todo lo referente a la salud en el país. La exageración es grande pero los efectos pueden ser concretos: la salida de la Ministro más temprano que tarde.

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Frente a ello que demuestra  la intolerancia y el abuso de la mayoría avasalladora de Fuerza Popular, el gobierno, con Pedro Pablo Kuczynski a la cabeza, carece de una estrategia determinada para contrarrestar e incluso defender, con efectividad, a sus ministros. La debilidad cunde en el Poder Ejecutivo.

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El Presidente de la República, a cada rato se dice y contradice. Concretamente, al Gobierno le falta decisión para solucionar los problemas y llevar adelante las grandes obras que necesita el país. Si con el Aeropuerto de Chinchero se atascaron por completo. Ahora ha sido escogida otra modalidad para ejercer resultados. Ojalá que se consiga hechos determinados porque, de por medio, está el desarrollo del Cusco.

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Lo del Primer Vicepresidente de la República, Martin Vizcarra Cornejo, fue de almanaque. El entonces Ministro de Transportes acudió al Congreso  y fue interpelado a cabalidad. El representante del Ejecutivo contestó, horas de horas, infnidad de preguntas.

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Pero al poco tiempo renunció al cargo. Cuando se dio cuenta que tenía encima al Contralor General de la República, Edgar Alarcón Tejada, que acusaba a muchos de los que intervinieron en el Contrato  sobre la construcción del aeropuerto de Chinchero, de responsabilidades penales.

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Y así se comenzó  con otra etapa de problemas, los mismos que no tienen cuando resolverse. Las condiciones éticas y morales de este alto funcionario del Estado están en serias dudas. A tal punto de que, en cualquier momento, es removido de su puesto por  corrupción: el mal endémico del país.

Hasta graba a sus oponentes sin que de se den cuenta y después usa a su favor los audios. Lo ha metido en el lío del chuponeo al Ministro de Economía, Alfredo Thorne. Y, evidentemente, lo compromete. Este último pisó el palito y ello le puede costar caro. Incluso hasta la pérdida del puesto ministerial. Todo es posible en la dimensión del abuso fujimorista y la inercia gubernamental.

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A Alarcón lo acusan de haber realizado una serie de negociados en la compra y venta de automóviles como actividad lucrativa donde también intervinieron sus hijos, con precios inclusive subvaluados. Asimismo de incumplir con presentar información completa de sus declaraciones juradas, entre los años 2011 y 2015. Habría cometido, asimismo, evasión tributaria.

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Pero eso no es todo. La falta de seriedad continua y el buen Alarcón  liquidó laboralmente de forma irregular a su pareja sentimental, Marcela Mejia Franco, con quien tiene dos hijos. La Contraloría le dio a ella, por orden del jefe, una significativa cantidad de dinero como indemnización y beneficios sociales

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Las  cifras por este concepto  llegan a los 127 mil soles. Adicionalmente, a la trabajadora se le otorgó 100 mil soles por  viáticos. Mientras que su sueldo era de 3,350 soles mensuales. Esto, es el colmo de los colmos que, de ninguna manera, se puede permitir. Sin la sanción correspondiente. Las acusaciones siguen  y siguen. Compra de  terrenos, por parte de Alarcón, ubicados cerca de las playas del sur de Lima y en Arequipa.

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También aseguran que presionó  a Walter Grados, auditor de la institución, para que deje de presentar una denuncia de irregularidades en su contra ante el Congreso de la República. Sin embargo, la acusación se concretó en agosto del 2016, sin sanción de por medio. Ahora se esta viendo en el Ministerio Público.

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 En resumen hay, en la carpeta de las posibilidades concretas, una serie de actos que, a las claras, se notan como indebidos e ilícitos. Son  imputaciones graves y hasta ahora no pasa absolutamente nada. ¿Quién protege al Contralor? Naranjas Huando, nadie sabe.

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El proceder del Congreso y sus diversas bancadas, sobre este funcionario, resulta también llamativo porque no se llegan a soluciones que terminen con el tema. Los hechos registrados pasan por una u otra comisión y el asunto queda realmente en el limbo.

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Mientras tanto, a Alarcón no le entran balas. Lejos de aclarar lo malo que hizo como servidor público, ha tratado de asociar la divulgación de la información incomoda para él con algún tipo de represalia por el informe del Aeropuerto de Chinchero. Nada que ver. Lo  que se requiere a gritos es que el funcionario sea destituido por todo lo malo que ha hecho.

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Nadie duda en el país que el  ex Presidente de la República, Alejandro Celestino Toledo Manrique, es un delincuente de marca mayor y que, en tal condición, resultó sobornado por la constructora brasilera Odebrecht, con una coima que llegó a la suma de 20 millones de dólares.

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Un sinvergüenza total que incluso habría querido más dinero.  Unos 35 millones de dólares que nunca le vinieron a los bolsillos. La versión es del colaborador eficaz del caso, Jorge Barata, representante en el Perú de la constructora brasilera.

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Han transcurrido más de tres meses desde que el Gobierno peruano solicitó, a la justicia de Estados Unidos, el arresto provisorio con fines de extradición de este personaje nefasto. Sin embargo, el requerimiento no ha pasado ni siquiera la primera etapa administrativa, ante las autoridades estadounidenses.

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Nadie del Gobierno ha sabido explicar, de manera clara, el por qué de la demora. Lo único cierto es que Toledo se pasea por Estados Unidos sin ninguna restricción. Exactamente, como Pedro por su casa.

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Hasta se habla que se podría generar un conflicto jurídico y las autoridades norteamericanas podrían rechazar de plano el pedido de extradición. La justicia de Estados Unidos podría interpretar que el ex mandatario viene siendo juzgado en dos instancias penales por el mismo hecho delictivo: recibir y ocultar las coimas de la empresa Odebrecht.

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Lo peor del caso es que el Perú hasta ahora no contrata a un abogado norteamericano para que siga, en Estados Unidos, el pedido de detención del acusado. Esta labor le corresponde tanto a la Cancillería peruana como al Ministerio de Justicia. Ya es tiempo que se haga esto. Sin letrados gringos, poco es lo que se consigue, según dicen los entendidos. No se sabe el por qué de tanta demora.

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Hay dos pedidos de por medio. El primer requerimiento fue enviado el 10 de febrero del año en curso, tras un dictamen del Juez Richard Concepción. La solicitud fue hecha por el Fiscal Hamilton Castro, quien fundamentó los presuntos delitos de lavado de activos y tráfico de influencias en las coimas que habría recibido el político peruano. 

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El  segundo requerimiento es el del Juez Abel Concha  enviado por el presunto delito de lavado de activos. En este caso, la fundamentación fue hecha por la Fiscal Manuela Villar quien ha explicado las ocho fuentes de dinero ilícito para respaldarse en las coimas que habría recibido Toledo de forma concreta

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 Urge que el caso se acelere y que obtengamos respuesta positiva para traer al sinvergüenza de Cabana. Cuanto más rápido mejor. ¡Hay que decirle no a la impunidad! Mientras tanto, la esposa del  hampón, Eliane Karp, sigue vociferando en las redes sociales, hablando fábulas relacionadas con  una supuesta persecución donde el Poder Judicial no respeta el debido proceso. Esto último, por donde se le vea, es una falsedad total. . ¡Basta ya y que venga a la cárcel el acusado! (Noé)