Hace exactamente 41 años, cuatro meses y unos cuantos días más, el terremoto que asoló el Callejón de Huaylas en una vasta zona del norte del país, salvó a los diarios Correo y Ojo con su poderosa cadena de periódicos en provincias de ser expropiados por el gobierno militar y puestos a disposición de sus trabajadores.
El tremendo sismo fue toda una tragedia nacional que desapareció por completo la ciudad de Yungay por efectos de un desprendimiento de un gigantesco glaciar del nevado del Huascarán entre otros serios daños que causaron más de 50 mil muertos de por medio, infinidad de miles de heridos y serios daños materiales.
Por su parte, el plan de la expropiación nunca fue conocido públicamente por razones que se desconocen. No obstante que era definitivamente controvertido y que estaba ligado a otro acto similar que si se consumó como fue la captura posterior de los medios de prensa escritos del país que trajo grandes consecuencias, en las épocas convulsionadas de la dictadura de Velasco
Tal decisión que fracasó la recuerda, aunque no a profundidad y tampoco con lujo de detalles, el Periodista José Vargas Sifuentes, quien en aquel entonces era Redactor de Locales de “Correo” y se desempeñaba como Secretario de Defensa del Sindicato de Periodistas de ambos diarios.
ENTRE LAS 10 Y 12 DE LA NOCHE
Lo concreto, y eso si lo tiene claro el Periodista, es que se señaló el 31 de mayo de 1970 como el día de la ocupación. Incluso se dio horas para llevar adelante el asalto: entre las 10 y 12 de la noche de ese día.
Pero no sabe todos los detalles registrados por aquellos tiempos porque la información era enteramente restringida y confidencial. Al estilo enteramente militar, con clasificación total de documentos
Lo que si se comentaba y especulaba en los medios periodísticos que ya estarían designados los altos mandos periodísticos que dirigirían esas publicaciones. Se voceaba como director de Correo y Ojo a Guillermo Thorndike, de reconocida trayectoria, quien como se sabe falleció el 2009
También se decía que como Subdirector iría Carlos Ortega, Periodista que había trabajado en el diario El Comercio y la Revista Oiga y en aquel entonces se desempeñaba como profesional del Ministerio de Industrias. Hoy es alto funcionario de la Unesco de Naciones Unidas.
LO QUE SE DECIA
Cabe subrayar que ni Thorndike ni Ortega, jamás confirmaron esta posibilidad. Nunca hablaron de ello. Ni reconocieron alguna intervención. Por lo que tampoco está confirmado que hubiesen actuado en la asonada. Tan sólo fueron rumores no confirmados.
De la misma manera, en dichas fuentes se hablaba cotidianamente de investigaciones sobre supuestas irregularidades de parte de la Administracion de los diarios que nunca fueron probadas al cien por ciento y que, sin embargo, comprendían como responsables a los altos mandos gerenciales de la Empresa Periodística Nacional (EPN), editora de ambos periódicos.
Mucho se comentaba, asimismo, de graves irregularidades contables. Inclusive en los balances y del posible establecimiento de una red de inescrupulosos que habrían establecido negocios de imprenta, con maquinas y materiales desgravados al amparo de las leyes que en aquella época beneficiaban a las empresas editoras de periódicos.
En las investigaciones que fueron llevadas a cabo por la Policía Fiscal que entonces dependía del Ministerio de Hacienda (hoy Economía) y por el Ministerio de Gobierno (hoy Interior), se hablaba tan sólo de probabilidades. No de hechos comprobados.
LAS PROBABILIDADES
Por ejemplo se decía, según documentos que han llegado a nuestro poder, que “probablemente se traficaba con la devolución de los diarios, mediante la complicidad del personal de distribución, almacén y contabilidad”.
Asimismo que se “habría traficado con el papel de bobinas que ingresaba desgravado al país y parte del cual era robado en el trayecto de los depósitos en la avenida Argentina al local del diario “Correo”, ubicado en la avenida Wilson 1256”.
Allí, de acuerdo a esta versión, el papel era cortado en resmas y vendido a otras imprentas, por intermedio de compañías dedicadas a la importación de material gráfico.
También se habrían registrado, a favor de los altos funcionarios de la empresa, una serie de préstamos indebidos y dudosos. Inclusive con cancelaciones muy misteriosas, inesperados y constantes pagos adelantados de indemnizaciones que anteriormente nunca habrían ocurrido, oscuros canjes publicitarios y otorgamiento de pasajes a raudales, beneficiando además a los familiares de los gerentes de la empresa.
DOS CORRIENTES
Otra denuncia que también se quedó en la probabilidad es la referente a que se llevaba un falso registro del tiraje del diario que se habría vendido directamente a “chicheros”, con ejemplares no contabilizados.
Obvio es que aquí habían dos corrientes de opinión: la primera conformada por los propietarios de los periódicos y sus seguidores que, evidentemente, negaban tales hechos y lo atribuían a pretextos que se les inventaba para desconocer la propiedad privada.
La segunda estaba representada por aquellos que si creían a pie juntillas en la expropiación como medida necesaria para acabar con lo que consideraban tropelías y muchas otras irregularidades, con miras a ejercer una libertad de expresión genuina. De eso se discutió mucho por aquella época.
En este caso específico, ello parece que iba a ocurrir como decisión que habría sido aprobada por el Gobierno de expropiar estos medios en la fecha indicada. No obstante que, no se habría comprobado por entero y por parte de ningún investigador con atribuciones para ello. Ni público, ni privado ni sindical, ni de otro tipo.
Había un antecedente preciso que daba mucho a pensar en cuanto a medidas similares. Hacía poco, la madrugada del 4 de marzo de 1970, el Gobierno expropió a la familia Ulloa los diarios “Expreso” y “Extra” y los entregó a sus sindicatos para después formar una cooperativa, la que asumiría la propiedad definitiva.
PRECAUCIONES
Lo que si confirmó Vargas Sifuentes es que recibió la noticia en las primeras horas la mañana del mismo 31 por medio de la cual le confirmaban que por la noche, en las horas indicadas, iba a ocurrir la ocupación a cargo de la policía con el decreto gubernamental correspondiente.
Ello implicó, según relato de Vargas Sifuentes, tomar las precauciones para estar presente en el acto. No obstante haber tenido problemas de índole familiar, en vista de que su madre estaba muy enferma. Por eso mismo, las comisiones periodísticas designadas no las cumplió e inclusive desecho un viaje rumbo al Callejón de Huaylas,
Recordó que el terremoto ocurrió pasado el medio día y por la tarde no se tenía idea exacta de la magnitud de la tragedia. Aunque la repercusión del tremendo sismo se sintió fuertemente en Lima. Pero se ignoraba, exactamente, lo que pasaba allá.
TODO CANCELADO
“Entonces, la medida seguía vigente y tan sólo había que esperar. De esto, de la posibilidad de la expropiación yo tan sólo hablaba con el Secretario General del Sindicato, el periodista Oscar Vergara Salcedo. Con nadie más”.
Fue Vergara que le comunicó a Vargas Sifuentes que la medida fue cancelada, a eso de las 8 de la noche de ese día. Había una tragedia nacional que implicaba, obviamente, la postergación.
Las redacciones de Correo y Ojo siguieron trabajando arduamente para contar a los lectores sobre los tremendos acontecimientos relacionados con el terremoto.
Los días pasaron y los deseos expropiatorios de los representantes del gobierno se enfriaron por completo. El complot abortó. Muchos meses después, representantes de la Policía Fiscal conversaron con los dirigentes sindicales sobre el asunto. Pero a las claras se notaba que, por el momento, ya no había decisión política para llevar a cabo la ocupación.
La decisión política volvió cuatro años después cuando el gobierno decidió transferir, a los sectores organizados de la sociedad, los diarios de circulación nacional. Entre ellos: “Correo” y “Ojo”. El despojo ocurrió la noche del 26 de julio de 1974 y tuvo vigencia hasta el 28 de Julio de 1980, fecha en que Belaúnde devolvió los medios a sus dueños.
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