Pareciera ser que la actual crisis, que se ha convertido en una de las peores que ha vivido el Perú a lo largo de toda su historia generada por el Presidente Castillo y sus singulares adherentes torcidos al pensamiento digno e incluso seguidores del terrorismo, se solucionaría dentro de poco.
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Ello con la salida en los cargos del propio sindicalista violento e inepto que desempeña la
primera magistratura de la nación y de
la convenida Vicepresidenta y actual Ministra de Desarrollo e Inclusión Social,
Dina Boluarte, aliada a carta cabal del “lápiz”. También, para bien del Perú se irían a sus casas, los parlamentarios,
mediocres en su gran mayoría. Todos ellos integrantes, dicho sea de paso,
del Congreso de la República.
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Se trataría de renuncias en el Poder Ejecutivo y convocatoria a
elecciones generales en el Poder Legislativo, como lo manda una interpretación integral de la
Constitución vigente. Lo cierto es que la ciudadanía viene expresando tal
deseo a través de las encuestas que
se han realizado últimamente. Lo mismo que en innumerables pronunciamientos que son una realidad, por efecto del
descontento popular.
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Lo que se tendría que buscar,
como complemento concreto de apoyo, son las
protestas en las calles de parte de efectivos y expresivos sectores
populares conducidos por verdaderos
estrategas políticos, que tengan
mucho tino y respeto por la ley para evitar cualquier tipo de excesos.
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Conductores como lo fue Fernando Belaunde Terry que, en 1956, exigió la inscripción de su primera candidatura
presidencial marchando por el centro de Lima, en plena dictadura de Odría.
Acompañado de las masas que eran expresión genuina del pueblo, el líder de
Acción Popular llegó hasta la Iglesia de la Merced ubicada en el Jirón de la
Unión, rumbo a Palacio de Gobierno.
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Allí chocó con la Policía que
trató de paralizarlo con potentes chorros de agua, salidos de las mangueras de
los vehículos policiales denominados “rochabuses”. Con el encontronazo, había ocurrido un hecho de por sí
histórico que los periodistas de la época denominaron el famoso “manguerazo”. Lo cierto y efectivo es
que, al día siguiente, las autoridades
electorales se vieron obligadas a inscribir la postulación del entonces joven
líder de Acción Popular, con unos 43 años a cuestas
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Evidentemente que esta fue una hazaña política sin precedentes.
Hoy en día necesitamos acontecimientos muy parecidas de índole enteramente
genuino que salgan de las entrañas del pueblo para conseguir la verdadera democracia y la libertad plena, a fin de
superar la tremenda crisis que nos aqueja.
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Sin embargo, en estos últimos
días y hasta el 8 de marzo que será el día en que se decidirá la cuestión de
confianza en el Parlamento, hay cierta
tregua entre el Gobierno y la oposición del Congreso. Castillo, a su vez,
ha solicitado que se adelante este acto parlamentario para el 28 de febrero.
Veamos qué es lo que efectivamente pasa.
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Luego de tales plazos, la situación volverá a su normalidad y
seguirá la lucha política de enfrentamiento total. Las alternativas de
renuncia y/o y cierre del Congreso volverán a tener vigencia por un bien tiempo
hasta que, por fin y para bien de todos los peruanos, se resuelva la
problemática nacional
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Partamos del hecho que la aprobación del actual mandatario nunca ha
sido superior a su desaprobación, de acuerdo a los registros de la
encuestadora Ipsos. El mejor de ellos se produjo, en septiembre del 2021,
cuando alcanzó un 42% de aprobación
ciudadana. Pero, en ese mismo momento, su
desaprobación se empinaba hasta el 46%.
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Desde entonces, la popularidad del Jefe del Estado fue
disminuyendo y el rechazo creciendo, al punto de que un mes atrás, la primera
estaba en 33% y la segunda en 60%. En solo cuatro semanas, sin embargo, lo
que parecía una tendencia sostenida y preocupante se ha convertido en un desplome pasmoso.
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En efecto, la aprobación presidencial ha caído ocho puntos porcentuales y se
ubica en un 25%. Lo que quiere decir tal mínimo porcentaje es que solo uno de cuatro peruanos respalda al
Presidente de la República. El rechazo, entre tanto, ha subido al 69%. Lo
que indica, a las claras, que casi siete
-de cada diez peruanos- rechaza su forma de conducir el país.
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En esta ocasión, además, la
disminución ha empezado a sentirse con fuerza en las zonas que solían ser
bastiones de esta administración: el Centro (74%) y el Sur (46%) del país La
caída, definitivamente, deja de sorprender y se debe, muy probablemente, a lo sucedido con el fugaz Gabinete Valer y
la contumacia mostrada a la hora de confirmar el que preside Aníbal Torres.
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La factura ha llegada y hay que pagarla. No queda otra cosa que hacerlo. A siete meses de haber iniciado su mandato, el Presidente Castillo está tan debilitado que su estabilidad en el cargo es puesta en duda por propios y extraños.
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Por eso es, precisamente, que se
habla a cada rato de una renuncia (tema
primordial de esta columna), una acusación constitucional que determine su
inhabilitación o una vacancia por incapacidad moral permanente. Todas estas
figuras están contempladas, por si acaso, en la Carta Magna vigente de 1993.
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Ahora bien, lejos de inducir al
Ejecutivo a enmendar la plana y a enrolar a profesionales probos y competentes
para encabezar los distintos sectores bajo su responsabilidad, solo ha inducido
a sus voceros a victimizarse y a alarmar indebidamente sosteniendo, sin
fundamento, que hay un golpe de estado
en marcha. Nada de eso existe. Esta es una invención entera de los incapaces.
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La verdad, no obstante, es que
las encuestas han registrado también que esas ideas tienen un lugar importante
en la mente de la población. De hecho, un
56% de los encuestados dice que el Presidente debería renunciar, contra solo un
42% que señala que debería gobernar hasta el 2026.
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Cuando se pregunta por la actitud
que tendrían los consultados frente a una moción de vacancia promovida por el
Congreso, 36% declara que estaría,
definitivamente, de acuerdo y 17% que “podría estar de acuerdo”, mientras que
un 15% señala que no cree que estaría de acuerdo y un 30% dice que estaría
definitivamente en desacuerdo. Un 2%, no opina.
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Cabe añadir asimismo que una mayoría de los sondeados (74%) se
inclina por la opción que se convoque a las elecciones generales. Esto es
presidenciales y generales en la eventualidad de que Castillo y Dina Boluarte
fueran vacados o renunciasen, mientras
que solo un 19% piensa que las elecciones a convocarse tendrían que ser solo
presidenciales.
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Lo cierto es que el Gobierno cosecha lo que siembra. La
caminata rápida hacia el precipicio, que efectúan los miembros de este régimen
único y nefasto, es una realidad contundente que tarde o temprano llegará a su fin
para bien del Perú. Que así sea.
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Ahora bien, al Jefe del Estado le ha dolido en el alma el bajón en las encuestas. No obstante, de que no cree en ellas y ha buscado, a su estilo, reinventarse. Como es usual en él, al hacerlo omite cualquier asomo de autocrítica y llena su estrategia de elementos llenos de victimizaciones. En sus ojos, la culpa de todo la tiene el Congreso que no lo deja trabajar.
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Con eso, acercó al fuego una nueva galonera de combustible junto al
flamante Presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres. Porque ese
discurso de promover el diálogo para solucionar problemas se quedó apenas en un
twitt institucional y en la nota de prensa publicada en el diario oficial “El
Peruano”.
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En ese sentido, que Torres haya
convocado últimamente a los periodistas para acusar de golpistas a las mismas
personas a las que debe recurrir para pedir su confianza dentro de poco sugirió
dos cosas. La primera, una absoluta
falta de tacto político y la segunda, que en verdad no le interesaba obtener el
voto de investidura.
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Posteriormente el Jefe de
Gabinete llamó una “contienda” lo
que se viene con el Congreso. Habrá que
ver cuánto tiempo dura esa tregua. Recordemos que el Primer Ministro no es
particularmente conocido por su pertinencia verbal.
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Más bien, ha demostrado varias veces todo lo
contrario. Lo peor es que esta no ha
sido la primera vez que tiene que pedir perdón por las cosas que dice. El
asunto es que el abogado no estuvo solo en la construcción de la narrativa y
varios otros representantes del Ejecutivo se sumaron a compartir el mismo mensaje.
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Además del Presidente Castillo,
el nuevo Ministro de Justicia, por ejemplo, señaló indebidamente que una
vacancia del Presidente sería “atentar
contra la democracia”. Mientras que la Ministra de Trabajo, Bettsy Chávez, presentó una denuncia constitucional contra
la Presidenta del Congreso, María del Carmen Alva. ¿En qué quedará todo ello?
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No es que desde el Congreso de la
República sean inocentes, ni las víctimas en esta historia. Los legisladores se han ganado a pulso que su aprobación sea incluso
menor que la del Presidente. La crisis es compartida.
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Lo que ocurre con el Ministro de Transportes, Juan Silva Villegas, es inaudito. El Parlamento ha demostrado que no le interesa fiscalizarlo. Fueron 62 congresistas que se reunieron con el cuestionado representante del Ejecutivo y hay mucho de ellos que ni siquiera quieran firmar una moción de censura por razones que se desconocen. Nada bueno saldrá de este embrollo. El colmo de los colmos.
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Por su parte el Ministro de Salud,
Hernán Condori, sigue firme en su puesto
a pesar de que tiene acusaciones tremendas, actos también tremendos. Cura
el cáncer en un minuto, sin ningún rigor científico, recomienda la famosa agua
arracimada. No puede seguir este improvisado, en tan importante sector, enteramente
especializado. No nos olvidemos que todavía estamos sufriendo con la
pandemia del Covid-19, que ha cobrado infinidad de víctimas y enfermos (Noé)
