Así causan, evidentemente, serios problemas a los
usuarios que, precisamente, recurren al organismo jurisdiccional para que le
den la razón en los litigios que se les presenta porque efectivamente la tienen,
respaldados enteramente por las leyes que están vigentes en el país. Pero ni por esas consiguen su cometido,
a pesar de que les corresponde.
Tal es el caso de los doctores
Oscar R Tenorio Torres, Juez del Tercer Juzgado Civil Especializado de Chiclayo
y la doctora Carla Yolanda Paredes Ciccia, Titular del Primer Juzgado de Paz
Letrado en lo Civil, quienes han sido denunciados ante la Oficina de Control de
la Magistratura, pidiendo para ellos tanto sanciones como las destituciones de
los cargos que detentan.
El Juez Oscar R. Tenorio Torres.
La solicitud ha sido hecha por
uno de los agraviados, teniendo en cuenta las tremendas irregularidades
cometidas en un juicio por desalojo de un inmueble comercial ubicado en la
calle Pedro Ruiz de la ciudad de Chiclayo y que es de propiedad
de la firma, Textiles Río Blanco S.A. representada por su Gerente
General, Max Antonio Seminario Gorbitz, firmante de la denuncia correspondiente ante dicho órgano de
control.
QUE TALES JUECES
Los dos jueces paralizaron por
completo, en forma anormal e inaudita,
el lanzamiento correspondiente del inmueble, señalado para el 28 de Diciembre
del 2012, con sentencia consentida de por medio, que iba a poner punto final a la controversia
que se inició, hace casi dos años, del 1º de Marzo del 2011 a la fecha, porque la empresa Macalcri EIRL,
inquilina del inmueble, dejó de pagar los alquileres y, al mismo tiempo, el
contrato legal vigente de arrendamiento
había concluido.
Lo que está enteramente comprobado
es que la doctora Paredes Ciccia, habiendo sentencia de por medio, admitió
indebidos escritos de la parte demandada para dilatar por completo, precisamente, el desalojo.
Con sus actos enteramente
ilegales, la magistrada, adicionalmente vulneró las acciones judiciales. Atentando, evidentemente, en
contra de un principio elemental del
Derecho como es la cosa juzgada.
Por su parte, Tenorio conoció y
resolvió en segunda instancia la apelación de la demanda. Por razones nada claras ni transparentes, el Juez emitió una resolución, de la noche a la mañana
rapidísima, declarando nulas una serie de resoluciones y poniendo, prácticamente, a fojas cero el proceso.
De acuerdo a la opinión de los
entendidos y los abogados, ambos jueces violaron la autoridad de cosa juzgada,
cometiendo inclusive prevaricato y actos completamente delictuales que, de
todas maneras, tienen que ser sancionados.
CON LA GRAN FAMILIA
La situación de Tenorio se agrava
porque al parecer ha tenido como juez conexiones directas con la peligrosa
banda de "la gran familia", que está siendo investigada ante el Ministerio Público en la ciudad de
Lima por diversos delitos: apropiación ilícita, lavado de activos
producto de extorsiones, sicariato y
secuestros. Hay de por medio incluso desapariciones y asesinatos. La denuncia
correspondiente la hizo en una investigación periodística el diario “La
Republica, en su edición de provincias.
El caso fue traído de Chiclayo a
Lima precisamente para evitar que los mafiosos presionen a los jueces, fiscales
y policías de Lambayeque. En la investigación a "la gran familia", de acuerdo a muchas
versiones, están comprometidos: policías,
magistrados, abogados y hasta periodistas. Toda una banda mafiosa y peligrosa en acción.
El abogado Charles Palomino
Bravo, conocido como “Chacho”, es el encargado de la defensa legal de cualquier integrante de la
organización que es intervenido y además es el especialista y el que recomienda las medidas de seguridad, para no dejar evidencia de sus actividades.
Palomino, ex policía, es el nexo
con los magistrados y operadores del Poder Judicial donde han aparecido,
según las denuncias periodísticas, dos nombres claves: el Juez Superior Ricardo Ponte Durango y el
magistrado Oscar Tenorio Torres, en lo civil.
Ellos tendrían según se ha podido comprobar,
magníficas relaciones con la banda que actúa incluso, con varios
integrantes presos, desde el penal de
Picsi donde se dice gozan de una serie de privilegios. Hacen en la cárcel lo que les da la gana, a vista y paciencia de las
autoridades penitenciarias.
Cabe precisar que la Secretaria
del Juez Tenorio, Doris Ruiz Salazar, es una de las víctimas de la
banda de la gran familia. Ella fue asesinada, por razones que no se pueden
precisar con exactitud y que tendrían que ver con algún ajuste de cuentas, por los sicarios el 3 de setiembre del 2012.
Todo es tenebroso.
Pero lo inaudito son sus amistades como los
magistrados que deberían estar al otro lado del mostrador administrando
justicia, y no, precisamente, de aliados de los delincuentes. Hemos llegado a la
contradicción de contradicciones y no puede ser. Una necesidad perentoria e
inmediata es restituir la efectiva administración de justicia. Como debe ser.
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