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Pero sin elementos políticos de conducción
adecuados y de liderazgo firme. Un hecho
evidente es que el mandatario del Perú, de ninguna manera, convence a plenitud.
He allí la gran disyuntiva existente en el país.
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NI menos su Premier, Salvador del Solar Labarthe, que hasta el día de hoy tan sólo se pasea
por su despacho ministerial sin demostrar aptitud. Ni tampoco trabajo
dirigido y consolidado. Menos planes y objetivos. 05, convencidamente, 05 de nota.
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Los otros Ministros van por el mismo camino de
la estratosfera y la insolvencia intelectual, sin dar en el clavo. Nada más y nada menos que incapaces para
interpretar la realidad peruana a plenitud y con miras a solucionar los
problemas. La población ni siquiera sabe quién es quién en el Gabinete.
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Lo del magistrado es criticable,
a como dé lugar, porque es inadmisible
que la mayoría congresal abusiva decida, sin ton ni son, archivar las denuncias
constitucionales contra el señor Chávarry
manchado, según se denuncia, con el lodo de la corrupción. Ello está probado
por donde se le vea y no se puede aceptar lo que, inexplicablemente, ha
ocurrido.
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Cabe recordar que Chávarry, a quien se le permitió
indebidamente ser Fiscal de la Nación y luego se le sacó del alto cargo, debió ser denunciado por el delito de
organización criminal y encubrimiento personal, por sus vinculaciones con
la banda de magistrados corruptos, conocida con el nombre de “Los Cuellos
Blancos del Puerto”.
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El Parlamento tampoco ratificó la
recomendación de suspenderlo del cargo
de fiscal supremo para ponerlo a
disposición de la justicia. Ni tampoco
se le destituyó e inhabilitó por diez años. La acusación fue presentada por
el Congresista, Juan Sheput.
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Por su parte la moción
correspondiente había sido aprobada por la Subcomisión de Acusaciones
Constitucionales. Es decir que se había
cumplido con todas las de la ley para poner al magistrado a disposición de
la justicia. De eso, no hay ninguna duda.
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El Congreso de la República, con
los fujimoristas y los apristas, insiste
caprichosamente en proteger a un funcionario que desde que fue elegido como
cabeza del Ministerio Público sólo logró acumular serias denuncias, proferir
serias mentiras y, lo que es peor, interferir en la investigación del caso
Lavajato: escándalo de corrupción
protagonizada por la empresa constructora brasileña Odebrecht.
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No es la primera vez que la
mayoría parlamentaria actúa así.
Anteriormente se decidió archivar otra denuncia constitucional contra Chávarry
acusado por la supuesta violación de las oficinas del Ministerio Público.
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No se tomó en cuenta un hecho de
por sí grave. En efecto, a dicho magistrado
se le protegía no obstante de que sobraban los indicios que colocaban al Fiscal
como uno de los principales involucrados en el mencionado delito.
Sinvergüenza total.
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Para colmo de males, había imágenes donde se le ve al Fiscal reunido con miembros de su seguridad y su entonces asesora, Rosa Venegas,
minutos después que estos ingresaron a los espacios lacrados.
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No solo eso. Sino que la señora Venegas, tiempo después, aseveró
ante las autoridades que el mismo Chávarry es el que le pidió llevase a cabo la
acción delictiva. Más claro ni la luz ni el agua. Como se puede dejar, sin
responsabilidades, a un hombre de tal calaña.
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De todo esto ni siquiera se hizo
una investigación seria. Tampoco se tomaron pruebas. Lo que si se hizo expresamente es el blindaje que, precisamente, estamos
comentando. Son de mamey con piña estos
parlamentarios de la mayoría abusiva.
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No hay que olvidar lo siguiente: al fiscal supremo Chávarry se le acusa de
haber mentido sobre su relación con César Hinostroza y Antonio Camayo.
Asimismo, se le ha probado que ha
adulterado sus notas para ser ratificado, ha removido indebidamente a los fiscales Rafael Vega y José Domingo
Vega. Las faltas son innumerables y aquí nada pasa. No puede ser.
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También se tiene que denunciar que
los procesos en el Congreso, contra el
magistrado, avanzaron con pies de plomo. Los congresistas se ausentaban de
las sesiones que abordaban el tema y nada se hacía en su contra. Lo ocurrido es
una ignominia en contra de la honradez y
la honestidad de la ciudadanía peruana.
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Las bancadas de Acción Popular,
PPK, Alianza para el Progreso, Nuevo Perú y Frente Amplio si votaron en contra
del Fiscal de conducta sucia. Mientras que los parlamentarios que sí estuvieron
con lo corrupto fueron: Milagros Takayama, Segundo Tapia, Yeni
Vilcatoma y Héctor Becerril
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Asimismo, César Segura, Karina Beteta, Rosa Bartra, Tamar Arimborgo, Miguel
Torres, Milagros Salazar, Alejandra Aramayo, Ursula Letona, Gladys Andrade,
Percy Alcalá y Mauricio Mulder. No olviden sus nombres. Son una tira de
convenidos que defienden, evidentemente, actos indebidos. No hay derecho.
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Algunos observadores dicen que los sectores de la rojería y el cavariaje
aprovechan a rio revuelto de la situación que se presenta para echar agua a su
molino y convertirse en los ganadores y en los que resuelven los problemas
cuando, precisamente, no hacen nada trascendental. Todo es posible en la
dimensión del cinismo.
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La posición de esos grupos
equivocadas es maligna. Veamos lo que dice uno de sus principales dirigentes,
la ex candidata presidencial Verónica Mendoza: “Nuestro voto será en contra de la cuestión de confianza porque esta
mayoría seguirá bloqueando cualquier reforma en beneficio de la gente y
blindando a los corruptos. Que proceda el cierre del Congreso”. La
posición, evidentemente, apurada e irresponsable por donde se le vea
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La reacción del gobierno de pedir la cuestión de confianza, para
emprender la reforma política, no se
dejó esperar. El Presidente Martín
Vizcarra, en mensaje a la nación de casi 12 minutos acompañado de los gobernadores regionales, dijo que la medida se debe llevar a cabo, con la
aprobación de cinco proyectos de ley para la reforma política, sin vulnerar su esencia.
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Lo que pide el mandatario es 1) Que la inmunidad parlamentaria no se convierta en impunidad. 2) Que
las personas condenadas no pueden ser candidatos. 3) Que cualquier ciudadano
pueda participar en la selección de candidatos a las organizaciones políticas,
a través de elecciones internas. 4) Eliminar el voto preferencial y que la
población sea la que lo defina. 5) Garantizar la participación política de
las mujeres y prohibir el dinero sucio
de las campañas políticas.
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Cierto es que las acciones de
Vizcarra se ajustan a ley y han sido planeadas constitucionalmente.
El mandatario ha presentado, como argumentos, los repetidos blindajes y el
archivamiento del proyecto de inmunidad en el Congreso.
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Cabe explicar y tener en cuenta
que nuevamente está en la picota de la actualidad, el enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Congreso. Como cuando se
quiso vacar a Pedro Pablo Kuczysnki
y no se pudo. O cuando se le hizo renunciar hace más de un año.
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No hay que olvidar que, en esta
ocasión, si en el Parlamento se rechaza la cuestión de confianza, el Jefe del Estado podrá disolver el Congreso
y convocar, de inmediato, a elecciones
parlamentarias. Nada más y nada menos. De esto no hay ninguna duda, por si
acaso, aunque algunos juristas rebuznan que ello no es posible.
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Vizcarra no quiere que sus propuestas sean archivadas o alteradas y
tiene razón porque eso ha pasado anteriormente. Sin embargo, hay que dejar
claramente establecido que la disolución
del Congreso, no obstante, su desprestigio comprobado, sea lo que le conviene
al país.
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Esto último, sobre todo, porque
es evidente que, con una medida como tal, la
democracia se debilita por completo. La estabilidad de la economía se vendría
abajo. En buena cuenta, aquí la gobernabilidad y la estabilidad política está
en juego. Luchemos por ella. Y evitemos efectos traumáticos. No debemos
jugar con fuego.
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Evidentemente, antes que un final
de este tipo, preferible es el dialogo y
el intercambio de ideas para llegar a acuerdos concertados que beneficien a
todos los peruanos. Eso es lo que, precisamente, requiere el Perú.
Tengámoslo presente de todas maneras.
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Hay que tomar en cuenta una serie
de hechos que pueden ocurrir con esta crisis que se ha presentado en su máxima
expresión. Si la cuestión de confianza
es rechazada por el Congreso se produce, de inmediato, una crisis ministerial y
el gabinete en pleno renuncia.
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Con ello, el Presidente queda facultado para disolver el Congreso al haberse
censurado o negado confianza a dos consejos de ministros en el mismo gobierno.
El de Zavala y el de del Solar El
decreto de disolución del Congreso consigna la convocatoria a elecciones paras
un nuevo parlamento.
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Dichas elecciones se realizan dentro de los
cuatro meses de la fecha de la disolución.
Evitemos todo este ajetreo, si somos efectivamente sensatos para evitar
mayores crisis posteriores. Vale la pena hacerlo. (Noé)
