La situación relacionada con el coronavirus se agrava día a día y por eso mismo han llegado las críticas por todo lado. El Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez Camacho, puso los puntos sobre las ies y dijo que hay que cambiar, con efectividad, en lo que se refiere a la conducción de la pandemia. La ciudadanía lo ha escuchado con interés evidente y el Ejecutivo tiene la obligación de responderle ¿Cuándo ocurrirá ello? Por si acaso, no hacerlo sería un error garrafal.
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Un profundo analisis ha elaborado
la Iglesia Católica, pero en distinto tono, por intermedio del Cardenal y Arzobispo de Huancayo, Monseñor
Pedro Barreto Jimeno, que ha sacado una
propuesta titulada “Resucita Perú Ahora”,
de corte enteramente cristiano al mismo tiempo que solidario. Ahí hay efectivas
recomendaciones que también merecen tomarse en cuenta.
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A la entidad de carácter
religioso, le llama mucho la atención,
la cantidad de fallecidos y su incremento permanente. Al lunes 24 de agosto del año en curso han fallecidos 27 mil 813 personas, a causa de la enfermedad
en todo el Perú. Y son más de 600 mil los casos confirmados, según versión
dada, en ambos casos, por el Ministerio de Salud. Las cifras, evidentemente,
preocupan y sobre todo impactan.
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Lo que se propone la autoridad
eclesiástica es- con razón-promover la
mayor red social posible en el país para que actúe contra el mal de forma
responsable y directa, desde la fe y la ciencia. En ese sentido se requiere, de
inmediato, un diálogo eficaz con el
Estado. La conversación, evidentemente, debe darse de todas maneras. Como
también la de la Defensoría del Pueblo.
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Monseñor Barreto es un convencido
de articular las fuerzas vivas de la
sociedad, desde la ética y la firme convicción de que las propuestas
científicamente fundamentales y sustentadas en tales valores es, de todas maneras, posible de lograr
consensos con efectos determinados.
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La posición de la Iglesia
Católica tiene dos objetivos primordiales. Primero, promover la salud integral de
la población peruana para superar el COVID-19. Segundo, fortalecer la acción solidaria desde las
comunidades del Perú, convocando a una amplia red dialogante de
interlocución con las autoridades del Estado
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Lo que se recomienda es que en el corto plazo se deben detener los contagios y las muertes, respondiendo a la emergencia. Asimismo, se hace necesario acoger y proteger al personal de salud que está en primera línea y dando su mejor esfuerzo.
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En el mediano plazo, según los
sectores religiosos, hay que profundizar
en las alternativas alimentarias y la
atención a otras enfermedades, en la población que no está debidamente
atendida. Y en el largo plazo, consolidar
las alternativas y los procesos generados sostenibles.
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Por su parte, Gutiérrez va más
allá en su apreciación crítica y asegura que “si el Estado no reacciona, los próximos seis u ocho meses serán
durísimos porque tenemos una crisis alimentaria y otra económica que se
expresa en 6 millones de desocupados.
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Hace inclusive cálculos que
evidentemente son dramáticos. “Si el Estado no reenfoca su estrategia, no vamos a tener 500 mil infectados,
sino probablemente 900 mil. No vamos
a tener 40 mil muertos, sino 80 mil”.
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También sostiene que se está
planteando como principal activo del
país a la sociedad civil organizada y por
eso se destaca a las representaciones de este tipo que, a lo largo de las
últimas décadas, han cubierto las brechas y la ausencia del Estado.
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En otras palabras, hay una
referencia a las rondas campesinas, a las juntas vecinales, a los comités del
vaso de leche, a los clubes de madres, entre otros organismos. Estas instituciones tienen que
reactivarse. Hoy estamos en un estado de contagio comunitario. Por lo
tanto, necesitamos una respuesta de
espíritu comunitario.
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Lo cierto es que el Gobierno no
puede desconocer que hay una brecha de
desigualdad que obliga a la gente a movilizarse porque sencillamente tiene
que vivir el día a día. La situación que estamos atravesando es producto de una debilidad institucional, de un
déficit severo de gestión, de un enfoque equivocado por no haber activado a las
organizaciones sociales, según las criticas que se han dado tanto de la
Defensoría como de la Iglesia
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En cuanto a las cifras, la
opinión unánime es que éstas tienen que
ser transparentes por sus cuatro costados de manera transversal, para que
no haya engaños de ninguna clase. La
propia sociedad es la que debe impulsar este enfoque que se requiere, si
queremos ser honestos consigo mismos.
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No olvidemos que el coronavirus es implacable y hay que afrontarlo con el resguardo total de la población. En medio de tanta crisis de toda índole: la familiar, la económica, la laboral, la sanitaria y tantas otras más.
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Aquí están incluidos,
evidentemente, los muertos por
efectos del mal que tanto sentimos por su desaparición en sí. Los contagiados que padecen inclemencias
y los recuperados, a quienes se le ha cambiado la vida por completo. Los sanos se cuidan y andan preocupados
por la situación en si que es grave. Este mal controvertido ha variado, para
mal, a todo el mundo.
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En medio de tal desesperanza, el Presidente Vizcarra anunció un asunto de
por sí muy trascendente: el gobierno gestiona la adquisición de 30 millones de vacunas contra el COVID -19. Pese a que no existe antídoto
definido, la proyección presentada por el mandatario señala que el primer lote llegaría el cuarto trimestre
del 2020.
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Es decir, antes de fin de año. La esperanza es grande porque pareciera
ser que, por ahí, están depositados los anhelos y el porvenir de la población
peruana. Como una forma de que la luz se verá al final del túnel. Aquí na hay alternativas, si precisiones
que se deben cumplir exactamente.
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Hay una obligación de referirnos
al Congreso de la República. El
hecho comprobado y efectivo es que esta institución sigue en su carrera desenfrenada de populismo, cuyo mal efecto
puede, con seguridad, afectar y
profundizar aún más la crisis económica existente en el país.
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Sus miembros, que son los
congresistas, recurren al aplauso fácil
y abandonan, con facilidad, el rigor técnico. Las actitudes de este tipo se
han visto en la liberación del 25% de los fondos de las AFP, en la suspensión
del cobro de peajes a nivel nacional y en una infinidad de proyectos de ley que
aún esperan ser aprobadas.
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Quizá el más grave y el que
sustenta el mayor sin sentido concierne a la
devolución de los aportes de la Oficina Nacional Previsional (ONP). El
objetivo del Congreso consignado en los dictámenes de tres comisiones es darles liquidez a ciertos ciudadanos
(los ex aportantes mayores de 55 años que no cuentan con 20 años de
contribución) que podrían solicitar el retiro del 100% del dinero, mientras que
los actuales podrían retirar hasta 4 mil 500 soles en el contexto de la crisis.
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El problema, como han señalado múltiples expertos, es que este sistema previsional, a diferencia de las AFP, no cuenta con fondos de donde retirar el dinero: los aportes de los afiliados van directamente a pasar a los pensionistas. En pocas palabras, no hay como hacer el mentado reembolso, sin empeñar dinero del tesoro público.
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De acuerdo con los cálculos del
Ministerio de Economía y Finanzas, lo planteado por el Poder Legislativo
demandaría la transferencia de 9 mil
millones de soles, del dinero de todos los peruanos. Un gasto mayúsculo
que, además, supone el ejercicio de una
iniciativa de gasto que el Parlamento simplemente no tiene.
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Al cierre de la edición, hay una moción de consenso para ser aprobada
que consiste en la devolución del 100%
de aportes para aquellos afiliados desde los 65 años que no pudieron
acceder a una pensión. En tanto, los
aportantes activos e inactivos recibirán una compensación económica de hasta 1
UIT (S/. 4,300.00) y los jubilados
de la ley 1990 accederían a un bono extraordinario de S/. 930.
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El costo fiscal de la medida ascendería a más de S/. 18,227
millones, según cálculos de las Comisiones. El monto supera largamente los S/. 1,300 millones que propuso la semana
pasada el Ejecutivo a los partidos políticos, con bonos escalonados de
entre S/ 350.00 y S/. 1,600. El Premier
Martos anunció que observarán la iniciativa. Estemos atentos a lo que
ocurra en los próximos días.
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Por otro lado, la representación
nacional también deberá decidir, por insistencia, la suerte de la iniciativa
que busca penalizar la especulación y el
acaparamiento observada en julio por el Poder Ejecutivo. La misma equivaldría a controlar los
precios de ciertos productos y para ponerla en práctica se tendría que
definir un valor habitual para algunos
bienes, cuando este en realidad varía, dependiendo de las fluctuaciones del
mercado.
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En consecuencia, de convertirse
en ley este proyecto, dependería mucho
de la arbitrariedad y la distorsión sobre
la oferta y la demanda. Lo que, es más, podría desembocar en la escasezde
los productos que se pretenda proteger.
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En síntesis, si algo tiene en común estas iniciativas es que privilegian el efecto inmediato que pueden tener en la ciudadanía por encima del impacto que tendrán a largo plazo en la economía del país. Una circunstancia que coincide con la cercanía de las elecciones generales del 2021. Existe la necesidad de corregir rumbos. Ojalá lo hagamos.
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Hay premisas obligatorias que cumplir que de por sí son
trascendentales: combatir el virus a ritmo total y en unidad nacional, reforzar
el proceso electoral que se viene en abril del 2021, a fin de entregar el poder
a los que resulten elegidos por el voto popular y luchar por la reactivación de
la economía que esta´{a por los suelos.
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En consecuencia, queremos una gobernabilidad efectiva que traiga,
a la larga y de manera oportuna, progreso y bienestar para los peruanos. Todo
los dicho son las grandes alternativas
que requiere el país. (Noé)
