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miércoles, 9 de septiembre de 2020

CLARO...CLARISIMO

Muchos de sus más enconados adversarios afirman enfáticos que de los cimientos de la Cancillería emana pus a borbotones. Así se parafrasea la famosa y contundente frase del radical pensador peruano, Manuel González Prada, cuando criticaba, con esa misma palabra infecta. lo mal que estaba el país lleno de corrupción hace más de un siglo.

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La definición, tan extrema y de por si causante de mal olor, ha sido propuesta, por los antagonistas, en vista de los últimos acontecimientos ocurridos en Relaciones Exteriores cuyos principales protagonistas son diplomáticos del más alto nivel que han perjudicado por completo a otros de sus colegas, por ejercer el poder de mala forma con visos de corrupción y de abuso total.

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El primero de los casos es el relacionado con el que fue Embajador del Perú en Israel, Fortunato Quesada Seminario, que, con un escándalo sin precedentes, lo expulsaron del servicio diplomático hace dos años, tras la difusión de unos audios que revelaban supuestos abusos y maltratos de su parte, contra los trabajadores de la delegación diplomática de ese país.

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Quesada, de impecable trayectoria profesional, se fue a su casa acusado de una falta de respeto hacia los demás total y de un tris se quedó en la calle vejado y vilipendiado. Lo que se sabe y se ha comprobado a través de las investigaciones realizadas, es que a este diplomático le prepararon una coartada para hacerlo aparecer como culpable total.

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Cuando-precisamente- no lo era ni nunca lo había sido. Había cometido un error y nada más: haber proferido palabras soeces, hecho por el cual pidió las disculpas correspondientes. De eso, sus enemigos se aprovecharon cobarde y hasta parece ser delictualmente

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Resulta que el jefe de la delegación, allá en Tel Aviv, tenía a su peor enemigo en casa sin darse cuenta. Era el segundo en el escalafón diplomático: el Ministro Consejero, Pedro Rubín Heraud, quien, en combinación con el personal de la representación, fue el artífice de las grabaciones de las conversaciones de Quesada con el personal de la sede peruana. Lo hecho hasta aquí, es para muchos penalistas, un delito por sus cuatro costados y debe ser denunciado en su momento.

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Sin embargo, allí no queda la maldad y la felonía. Rubín actuaba, de tal forma, porque era alentado por sus jefes que estaban en Lima. Para colmo de males, ellos eran: el Canciller de aquel entonces Nestor Popolizio, hoy Embajador en la Organización de Naciones Unidas, el Embajador, Hugo de Zela Martínez, cuando ocurrieron los hechos Vice Ministro de RREE, hoy Embajador de Estados Unidos y el Jefe del Gabinete de Asesores del Despacho Ministerial, José Boza Orozco, hoy designado Embajador del Perú en Bolivia. Todos con poder, por si acaso.  Hasta ahora no lo pierden.

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Las declaraciones en contra de la alta jerarquía de RREE ha sido hecha por el propio Rubín que fue denunciado, ante la Cancillería, por Quesada. A raíz de ello, a inicios de este año, el Ministro Consejero fue sancionado con seis meses de suspensión, por no haber informado a sus superiores de la existencia de los audios ilegales.

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 Le cayó la quincha y entonces el diplomático comenzó a cantar, acusando a sus jefes porque, según su parecer, se portaron mal con él. Le habían ofrecido resguardo total. Pero nada de eso ocurrió. Lenguaje y actitud de traidor.

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Nadie tenía previsto que el empleado de la Embajada, Jesús Alvarado, quien fue el que hizo las grabaciones correspondientes, iba a buscar a Quesada, después de su destitución, para darle audios de sus conversaciones con Rubín. La trama se iluminó y la traición salió retratada por completo. Tarde o temprano la verdad se impone.

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Los audios que se consiguieron con la voz de Quesada fueron enviados a un programa periodístico de televisión dominical y el escándalo fue consumado por completo. Luego de las entrevistas al personal involucrado. El artífice fue otra vez Rubín que hizo las coordinaciones, con los periodistas que se involucraron en el caso.

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El Ministro Consejero también da a conocer que quien más lo presionó a él para que haga estas últimas coordinaciones fue el Embajador Boza. Era el que hablaba de la necesidad de la difusión para aniquilar, definitivamente, a Quesada. Y así fue

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Luego de saberse estos hechos, el Embajador Boza se presentó ante la televisión con una cara de espanto tremenda, muy nervioso y tratando de escabullirse lo más rápido posible, a como dé lugar. En buena cuenta, lo que hacía era demostrar su culpabilidad

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Eso sí alcanzó a decir que “todos fuimos sorprendidos”. Luego añadió, de forma incoherente, lo siguiente: “Esto no era una cosa que se esperaba y que se tenía previsto que se supiera, ni nada por el estilo. El proceso sigue su curso. Esperemos que se decrete. Una forma de hablar pobrísima

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Repetía a cada rato que “las autoridades del Ministerio se dan con la sorpresa de esta situación. O sea, cuando envían las grabaciones de Israel.”… Boza, definitivamente, es una versión actual del actor cómico Mario Moreno “Cantinflas”, especialista en dar discursos inexplicables.

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El Ministro Consejero de la Embajada del Perú en Israel se defiende afirmando que la entonces superioridad de la Cancillería, tanto Popolizio, de Zela y Boza, siempre estuvieron al tanto de todo, las grabaciones y de su filtración a la prensa. Nada más y nada menos. ¡Qué tal podredumbre!

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Por su parte, Popolizio indicó por escrito que rechazaba enfáticamente que la filmación de los audios haya obedecido a una orden de la alta dirección de su gestión y que, más bien, él le expresó al Jefe de Gabinete del Despacho Ministerial, Jose Boza, tenía que denunciar a Quesada de manera formal y por los canales correspondientes. El hombre que ahora está en Naciones Unidas salió por la tangente. Ya es tiempo que reconozca sus errores.

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De Zela, desde Washington, se lavó las manos de inmediato y dijo que las afirmaciones de Rubín son falsas y las rechaza enérgicamente porque no tienen ningún fundamento. Este diplomático fracasó por completo como candidato a la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA), poniendo en entredicho al Perú. Ya es tiempo que renuncie a la Embajada de Estados Unidos, por lo que ha pasado con Quesada y por la famosa postulación vergonzosa.

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Lo mismo deben hacer Popolizio en Naciones Unidas y Boza en la Embajada de Bolivia. Ellos tienen responsabilidades determinadas que deben ser sancionadas de todas maneras. Aquellos que actúan mal y vergonzosamente, de ninguna manera. pueden representar al Perú.

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Ahora lo más importante es disponer, incluso de inmediato, la reposición del Embajador Quesada que se ha convertido en un profesional vejado por las malas acciones de un grupo de diplomáticos que, bajo todo punto de vista, son descarriados.

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La razón por la cual se desquitaron con Quesada se remonta, al año 2016, cuando asumió la Presidencia de la República, Pedro Pablo Kuczynski, quien tenía una magnífica relación con Fortunato, a quien nombró Director de Protocolo y, en su momento, lo ascendió al máximo rango de Embajador. Contra viento y marea y contra los propios directivos de Relaciones Exteriores

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NI lo uno ni lo otro lo compartía el Canciller de aquel entonces, Ricardo Luna, quien casi siempre le expresaba su rechazo a Quesada. Pero tenía que quedarse tranquilo porque, de por medio, estaba el Presidente de la República. Luna en aquel entonces era el jefe de Popolizio, de Zela y los otros galifardos que tramaron la venganza total en contra de Quesada. 

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Los críticos de Torre Tagle aseguran que Luna, Representante Permanente del Perù ante la Unesco con sede en París Francia con 79 años de edad y que ya debe estar jubilado, es el jefe de la “argolla ´principal” que detenta el poder en Torre Tagle donde, de acuerdo a esta versión, priman los intereses particulares, el amiguismo y las malas acciones. A esa mafia pertenecen los protagonistas del caso Quesada.

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El segundo de los casos de la Cancillería tiene que ver con la pésima actuación administrativa que ha tenido en contra de varios de sus diplomáticos, a quienes de manera completamente irregular le han quitado sus beneficios sociales, luego de que pasaron al retiro. Los agraviados son los Embajadores: Guillermo Russo Checa, José Luis Pérez Sánchez Cerro, Santiago Marckovich Monasí y el Ministro Consejero en idéntica situación, Oscar Barrenechea Núñez del Arco.

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 Los pormenores de este asunto pueden verlo, en esta misma edición, donde hemos incluido un informe especial sobre este tema que oscurece por completo la actuación del Ministerio de Relaciones Exteriores. Urge una reingeniería total a este sector que de por si es trascendental e importante. La plata de los CTS debe devolverse a quienes corresponden.

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Lo que se ha presentado con el coronavirus es alentador. Hay una disminución en la secuela de muerte. Pero hay que tener mucho cuidado sobre este punto que de forma directa tiene que ver con la mejoría de toda la población que está amenazada con el mal, proveniente de China desde hace varios meses.

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El hecho en sí ha sido comprobado en el sentido de que el número total de decesos en el Perú decreció durante el mes de agosto del año en curso. Las cifras lo dicen claramente. En efecto, hubo en el mes pasado 26 mil 250 muertes por toda causa habida y por haber- Fue exactamente 6.1% menos que en julio, de acuerdo al sistema informático de defunciones.

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Sin embargo, de acuerdo a la opinión de los médicos, en este momento que vivimos es muy pronto para definir si es una tendencia y hay que seguir de todas maneras con las medidas sanitarias de prevención que se recomiendan. (Noé)

martes, 25 de agosto de 2020

CLARO...CLARISIMO

 La situación relacionada con el coronavirus se agrava día a día y por eso mismo han llegado las críticas por todo lado. El Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez Camacho, puso los puntos sobre las ies y dijo que hay que cambiar, con efectividad, en lo que se refiere a la conducción de la pandemia. La ciudadanía lo ha escuchado con interés evidente y el Ejecutivo tiene la obligación de responderle ¿Cuándo ocurrirá ello?  Por si acaso, no hacerlo sería un error garrafal.

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Un profundo analisis ha elaborado la Iglesia Católica, pero en distinto tono, por intermedio del Cardenal y Arzobispo de Huancayo, Monseñor Pedro Barreto Jimeno, que ha sacado una propuesta titulada “Resucita Perú Ahora”, de corte enteramente cristiano al mismo tiempo que solidario. Ahí hay efectivas recomendaciones que también merecen tomarse en cuenta.

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A la entidad de carácter religioso, le llama mucho la atención, la cantidad de fallecidos y su incremento permanente. Al lunes 24 de agosto del año en curso han fallecidos  27 mil 813 personas, a causa de la enfermedad en todo el Perú. Y son más de 600 mil los casos confirmados, según versión dada, en ambos casos, por el Ministerio de Salud. Las cifras, evidentemente, preocupan y sobre todo impactan.

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Lo que se propone la autoridad eclesiástica es- con razón-promover la mayor red social posible en el país para que actúe contra el mal de forma responsable y directa, desde la fe y la ciencia. En ese sentido se requiere, de inmediato, un diálogo eficaz con el Estado. La conversación, evidentemente, debe darse de todas maneras. Como también la de la Defensoría del Pueblo.

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Monseñor Barreto es un convencido de articular las fuerzas vivas de la sociedad, desde la ética y la firme convicción de que las propuestas científicamente fundamentales y sustentadas en tales valores es, de todas maneras, posible de lograr consensos con efectos determinados.

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La posición de la Iglesia Católica tiene dos objetivos primordiales. Primero, promover la salud integral de la población peruana para superar el COVID-19. Segundo, fortalecer la acción solidaria desde las comunidades del Perú, convocando a una amplia red dialogante de interlocución con las autoridades del Estado

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Lo que se recomienda es que en el corto plazo se deben detener los contagios y las muertes, respondiendo a la emergencia. Asimismo, se hace necesario acoger y proteger al personal de salud que está en primera línea y dando su mejor esfuerzo. 

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En el mediano plazo, según los sectores religiosos, hay que profundizar en las alternativas alimentarias y la atención a otras enfermedades, en la población que no está debidamente atendida. Y en el largo plazo, consolidar las alternativas y los procesos generados sostenibles.

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Por su parte, Gutiérrez va más allá en su apreciación crítica y asegura que “si el Estado no reacciona, los próximos seis u ocho meses serán durísimos porque tenemos una crisis alimentaria y otra económica que se expresa en 6 millones de desocupados.

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Hace inclusive cálculos que evidentemente son dramáticos. “Si el Estado no reenfoca su estrategia, no vamos a tener 500 mil infectados, sino probablemente 900 mil. No vamos a tener 40 mil muertos, sino 80 mil”.

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También sostiene que se está planteando como principal activo del país a la sociedad civil organizada y por eso se destaca a las representaciones de este tipo que, a lo largo de las últimas décadas, han cubierto las brechas y la ausencia del Estado.

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En otras palabras, hay una referencia a las rondas campesinas, a las juntas vecinales, a los comités del vaso de leche, a los clubes de madres, entre otros organismos. Estas instituciones tienen que reactivarse. Hoy estamos en un estado de contagio comunitario. Por lo tanto, necesitamos una respuesta de espíritu comunitario.

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Lo cierto es que el Gobierno no puede desconocer que hay una brecha de desigualdad que obliga a la gente a movilizarse porque sencillamente tiene que vivir el día a día. La situación que estamos atravesando es producto de una debilidad institucional, de un déficit severo de gestión, de un enfoque equivocado por no haber activado a las organizaciones sociales, según las criticas que se han dado tanto de la Defensoría como de la Iglesia

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En cuanto a las cifras, la opinión unánime es que éstas tienen que ser transparentes por sus cuatro costados de manera transversal, para que no haya engaños de ninguna clase. La propia sociedad es la que debe impulsar este enfoque que se requiere, si queremos ser honestos consigo mismos.

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No olvidemos que el coronavirus es implacable y hay que afrontarlo con el resguardo total de la población. En medio de tanta crisis de toda índole: la familiar, la económica, la laboral, la sanitaria y tantas otras más.

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Aquí están incluidos, evidentemente, los muertos por efectos del mal que tanto sentimos por su desaparición en sí. Los contagiados que padecen inclemencias y los recuperados, a quienes se le ha cambiado la vida por completo. Los sanos se cuidan y andan preocupados por la situación en si que es grave.  Este mal controvertido ha variado, para mal, a todo el mundo.

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En medio de tal desesperanza, el Presidente Vizcarra anunció un asunto de por sí muy trascendente: el gobierno gestiona la adquisición de 30 millones de vacunas contra el COVID        -19. Pese a que no existe antídoto definido, la proyección presentada por el mandatario señala que el primer lote llegaría el cuarto trimestre del 2020.

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Es decir, antes de fin de año. La esperanza es grande porque pareciera ser que, por ahí, están depositados los anhelos y el porvenir de la población peruana. Como una forma de que la luz se verá al final del túnel. Aquí na hay alternativas, si precisiones que se deben cumplir exactamente.

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Hay una obligación de referirnos al Congreso de la República. El hecho comprobado y efectivo es que esta institución sigue en su carrera desenfrenada de populismo, cuyo mal efecto puede, con seguridad, afectar y profundizar aún más la crisis económica existente en el país.

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Sus miembros, que son los congresistas, recurren al aplauso fácil y abandonan, con facilidad, el rigor técnico. Las actitudes de este tipo se han visto en la liberación del 25% de los fondos de las AFP, en la suspensión del cobro de peajes a nivel nacional y en una infinidad de proyectos de ley que aún esperan ser aprobadas.

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Quizá el más grave y el que sustenta el mayor sin sentido concierne a la devolución de los aportes de la Oficina Nacional Previsional (ONP). El objetivo del Congreso consignado en los dictámenes de tres comisiones es darles liquidez a ciertos ciudadanos (los ex aportantes mayores de 55 años que no cuentan con 20 años de contribución) que podrían solicitar el retiro del 100% del dinero, mientras que los actuales podrían retirar hasta 4 mil 500 soles en el contexto de la crisis.

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El problema, como han señalado múltiples expertos, es que este sistema previsional, a diferencia de las AFP, no cuenta con fondos de donde retirar el dinero: los aportes de los afiliados van directamente a pasar a los pensionistas. En pocas palabras, no hay como hacer el mentado reembolso, sin empeñar dinero del tesoro público. 

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De acuerdo con los cálculos del Ministerio de Economía y Finanzas, lo planteado por el Poder Legislativo demandaría la transferencia de 9 mil millones de soles, del dinero de todos los peruanos. Un gasto mayúsculo que, además, supone el ejercicio de una iniciativa de gasto que el Parlamento simplemente no tiene.

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Al cierre de la edición, hay una moción de consenso para ser aprobada que consiste en la devolución del 100% de aportes para aquellos afiliados desde los 65 años que no pudieron acceder a una pensión. En tanto, los aportantes activos e inactivos recibirán una compensación económica de hasta 1 UIT (S/. 4,300.00) y los jubilados de la ley 1990 accederían a un bono extraordinario de S/. 930.

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El costo fiscal de la medida ascendería a más de S/. 18,227 millones, según cálculos de las Comisiones. El monto supera largamente los S/. 1,300 millones que propuso la semana pasada el Ejecutivo a los partidos políticos, con bonos escalonados de entre S/ 350.00 y S/. 1,600. El Premier Martos anunció que observarán la iniciativa. Estemos atentos a lo que ocurra en los próximos días.

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Por otro lado, la representación nacional también deberá decidir, por insistencia, la suerte de la iniciativa que busca penalizar la especulación y el acaparamiento observada en julio por el Poder Ejecutivo. La misma equivaldría a controlar los precios de ciertos productos y para ponerla en práctica se tendría que definir un valor habitual para algunos bienes, cuando este en realidad varía, dependiendo de las fluctuaciones del mercado.

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En consecuencia, de convertirse en ley este proyecto, dependería mucho de la arbitrariedad y la distorsión sobre la oferta y la demanda. Lo que, es más, podría desembocar en la escasezde los productos que se pretenda proteger.

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En síntesis, si algo tiene en común estas iniciativas es que privilegian el efecto inmediato que pueden tener en la ciudadanía por encima del impacto que tendrán a largo plazo en la economía del país. Una circunstancia que coincide con la cercanía de las elecciones generales del 2021. Existe la necesidad de corregir rumbos. Ojalá lo hagamos. 

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Hay premisas obligatorias que cumplir que de por sí son trascendentales: combatir el virus a ritmo total y en unidad nacional, reforzar el proceso electoral que se viene en abril del 2021, a fin de entregar el poder a los que resulten elegidos por el voto popular y luchar por la reactivación de la economía que esta´{a por los suelos.

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En consecuencia, queremos una gobernabilidad efectiva que traiga, a la larga y de manera oportuna, progreso y bienestar para los peruanos. Todo los dicho son las grandes alternativas que requiere el país. (Noé)

martes, 28 de julio de 2020

CLARO...CLARISIMO

Fuerza Popular, el partido de Keiko Fujimori, es la decepción andando. Por lo que representa y significa la conducta de su jefe, implicada en asuntos corruptos. Pero también por el maligno comportamiento de muchos de sus parlamentarios, mientras fueron mayoría en el Congreso de la República.
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Nadie guarda un buen recuerdo de congresistas de talla baja como Héctor Becerril, experto en seguridad y violencia desenfrenada en los fundos agro industriales de Chiclayo. Tampoco de Karina  Beteta, con sus ignorancias y veleidades de improvisada.
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Menos de Rosa Bartra, una abogada protegida por los “ollucos” Martínez, dueños de la pesquera Hayduk que financiaron su campaña electoral y, por ende, la pusieron en el Legislativo para cumplir con sus intereses particulares.
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Tampoco se extraña a Miguel Torres que, siendo hábil, jugaba con los conflictos de intereses a cada rato y ocasión entre lo que defendía en su estudio jurídico y lo que manejaba políticamente en su condición de líder parlamentario y compañero de colegio de los hermanos Fujimori Higuchi.
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Tan manchada y corrompida es esta agrupación que, el 17 de julio último, el famoso y controvertido Fiscal, José Domingo Pérez, ha solicitado ante los tribunales de justicia la suspensión por dos años y medio de las actividades de Fuerza Popular.
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El representante del Ministerio Público sostiene que, con tal medida, se buscaría probar que este ente político ha sido instrumentalizado para cometer delitos reiterados, tales como lavado de activos, cohecho, fraude, entre otros. De esta manera, lo que se estaría aplicando es la ley contra el crimen organizado.
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Para llegar a tal conclusión, Pérez y su equipo han analizado a fondo muchos y variados proyectos de ley, dictámenes de comisiones y otros materiales de la bancada fujimorista del Congreso elegido el 2016
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Una medida como esta, en tiempos democráticos como los que vivimos, debe ser manejada con muchísimo cuidado sobre todo por las implicancias y consecuencias que pueden venir, a pesar de que pensamos que estos señores caminan al margen de la ley.
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La primera de ellas es que la prisión preventiva en contra de los políticos es discutible y controvertida porque, con evidente fuerza que de por si se rechaza, se está colocando herramientas de carácter penal a la arena política, como medidas de contención y amedrentamiento que choca con algo sagrado: la pérdida de la libertad. La podemos perder cuando efectivamente delinquimos. Pero no cuando nada se ha probado.
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Un hecho que todos aplauden es que se investigue de forma individual a cualquier persona que haya cometido delitos. Pero de ahí a levantar una percepción a que el sistema de justicia se puede usar como arma política adicional en contra de un ente colectivo, sí que llama la atención por completo. Evidentemente que se atentaría contra el propio Estado y la separación de poderes.
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El momento que se pide la suspensión de dicho partido también hay que tomarlo en cuenta. No olvidemos que estamos al inicio de un proceso de elecciones generales. La medida sólo es plausible y acertada si es una decisión jurídica alcanzada luego de una revisión cuidadosa de las pruebas fehacientes y argumentos de eminente carácter legal.
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Aceptar la suspensión de un partido político a través de una medida cautelar, sin siquiera acusación de por medio a la fecha, seria entrar en un camino incierto lleno de vicisitudes y proclive a potenciales abusos de poder. Aquí, en este caso, ni siquiera se tiene seguridad del procedimiento jurídico por aplicarse. No hay ningún antecedente al respecto.
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También se puede pensar que con la medida de Pérez se estaría atentando con la oferta electoral y el derecho a ser elegido y de elegir, de quienes legítimamente apoyan a Fuerza Popular. La proscripción de un partido también implica la victimización del mismo. Con sus consecuencias a favor de lo que serían los propios corruptos fujimoristas. En otras palabras, no los estas combatiendo, si los estas favoreciendo.
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Lo que sí se necesita, con claridad meridiana, es probar conforme a ley que Fuerza Popular ha sido efectivamente un instrumento para la actividad criminal. Si es así, la agrupación debe afrontar las consecuencias de carácter legal, fuese cual fuere.
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 Pero si no es así debemos dejarlo allí. Sobre todo, porque afectar un proceso electoral que se viene, con el brazo de la justicia, es un hecho de por si peligroso para la democracia peruana. Más aún cuando ella necesita ser fortalecida día a día.
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Ante el pleno del Congreso, con ocasión de las Fiestas Patrias, el Presidente Martin Vizcarra hizo una serie de anuncios importantes para seguir, con eficiencia, en la lucha contra el coronavirus. Uno de los más importantes fue lo relacionado a mejorar el estado de salud pública en el país, con una inversión de 20 mil millones de soles.
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Evidentemente que ello está bien porque, de esa manera se corrige, un error histórico y se salda una deuda del Estado con ese sector que sirve, directamente y de la mano, a la población. Nunca se le ha dado la prioridad. Ojalá que, de ahora para adelante, sí se cumpla de todas maneras y como debe ser.
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El presupuesto estará dirigido, prioritariamente, al primer nivel de atención para mejorar los servicios e invertir en más hospitales y equipos médicos. Lo que se quiere es que todos los peruanos tengan una cobertura de salud.
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El Gobierno se comprometió a que el Perú contará con 3 mil camas de cuidados intensivos el próximo 28 de julio del 2021, fecha en que se entregara el poder al mandatario que sea elegido en las urnas, durante las elecciones que se efectuaran ese mismo año.
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Asimismo, se inaugurarán los hospitales de Pacasmayo (La Libertad) Putina (Puno), Challhuahuacho (Apurimac), los centros de Salud de Haquira y Cotabambas en el mismo departamento y el de Machupichu en el Cusco. Si efectivamente se cumplen con todas estas obras sanitarias, el Gobierno se estaría ganando un porotazo. Que así sea por el bien de la sociedad
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También se anunció la entrega de un segundo bono de 760 soles adicionales al monto que se continúa entregando a los hogares considerados más vulnerables, tras la pandemia. El subsidio beneficiará a unos 8 millones y medio de hogares.
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Lo que se tiene previsto para las familias que se inscribieron. en el Registro Nacional de Hogares de RENIEC, es la entrega de lo que se denominó el Bono Familiar Universal, a partir de la próxima semana. 
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También hay un compromiso gubernamental en el sentido de dar una pensión de 200 soles mensuales a los niños huérfanos de la pandemia, hasta que alcancen la mayoría de edad. Lo que se continuara, de todas maneras, es con las visitas domiciliarias a miles de niños de 36 meses para prevenir y tratar la anemia. Quien lucha por sus infantes, lucha por el futuro. Ello de por si merece aplausos.
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Un acierto es que se vele por los derechos del consumidor. En ese sentido, la medida gubernamental de fortalecer a Indecopi merece ser subrayada. Lo que se persigue es tener todos los recursos para garantizar la libre competencia y sancionar cualquier práctica que atente contra el libre mercado y los derechos de las personas.
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El Presidente anunció que se destinará 736 millones de soles más para compras de bienes por parte de diferentes entidades del Estado. Con ello se beneficiará a más de 10 mil MYPES, a fin de que puedan general 90 mil puestos de trabajo adicionales, contribuyendo a la dinamización de la economía nacional.
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También se dio a conocer que grandes obras de infraestructura postergadas se realizarán a través de convenios de gobierno a gobierno. Entre ellas la Línea 3 y la 4 del Metro y la Carretera Central que nos comunica con la sierre y con la selva. Lo mismo se hará, bajo la misma modalidad con 75 colegios, 44 hospitales y centros de salud 24 proyectos de saneamiento y agua potable. Las cifras impresionan. Ojalá que las obras se cumplan.
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Otro anuncio importante fue la construcción este año de 19 mil viviendas seguras y acondicionadas térmicamente, para lo cual se ha destinado un presupuesto de 670 millones de soles. Al 2021 se han propuesto llegar a 55 mil casas de este tipo para que 172 mil peruanos puedan afrontar las bajas temperaturas propias de las zonas más altas del país.
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Un proyecto se presentará al Congreso para otorgar facultades especiales a COFOPRI, con miras a la formalización de la propiedad predial. Se trata de ampliar los plazos por posesiones informales hasta el 12 de julio del 2014, con el objetivo de formalizar un millón de títulos de propiedad.
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En el sector Pesca se tiene la meta de adjudicar 2 mil proyectos en total para el próximo año dentro del Programa de Innovación con una inversión de 328 millones de soles, beneficiando a 25 mil usuarios.
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Otro anuncio presidencial es que para el Bicentenario se abrirá el Museo Nacional y los 25 parques que llevarán este nombre, además de obras en diversas regiones del país. Muchas de ellas simbólicas. Como el monumento en la pampa de Ayacucho, donde se selló nuestra Independencia. Un pueblo que conoce su historia es prospero, de todas maneras.  (Noé)

lunes, 13 de julio de 2020

CLARO...CLARISIMO

La pugna entre el Ejecutivo y el Legislativo, que efectivamente ha sido vergonzosa, afecta directamente al pueblo peruano que pasa por uno de sus peores momentos, por efecto del coronavirus que-a la fecha-ha cobrado la vida de más de 11 mil 600 personas. Los infectados son 322 mil. Las cifras son significativas y de entera preocupación.
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Evidentemente quienes se llevan las palmas de la deshonra son los congresistas, que en esa parodia de parlamento existente en la Plaza Bolivar, cometen errores garrafales que son inauditos y que los lleva-sin ninguna duda-al desprestigio total.
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Esta vez, sin ton ni son, el Parlamento comenzó cual lid pugilística el desaguisado de la inoperancia al dejar de lado la reforma política. Ni siquiera legisló sobre la inmunidad parlamentaria que resultó, al principio, sin cambio alguno. Tampoco hizo nada para evitar que los condenados ejerzan cargos públicos. Inadmisible.
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La reacción del otro lado del ring, de ninguna manera, se hizo esperar. Entonces, el Presidente Vizcarra lanzó un mensaje presidencial en el que, anunciando la realización de un referéndum, trató de enmendarle la plana al Congreso.
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Esta institución democrática que contempla la Constitución, de acuerdo al proyecto del mandatario, se iba a realizarse el mismo día de las elecciones del próximo año para decidir sobre la inmunidad parlamentaria, conforma lo diga el pueblo. Nadie puede estar en contra de ello porque la corrección es legítima.
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Además, el Ejecutivo decidió, a manera de solución, presentar un proyecto de ley ante el Congreso para que, específicamente, los condenados estén prohibidos de postular a la Presidencia, las Vicepresidencias de la República y otros cargos de elección popular. Otro acierto por sus cuatro costados.
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La intervención presidencial, por esas cosas inexplicables que tiene la política, ahondó por completo las diferencias y se armó el conflicto que hasta ahora no tiene solución. Pareciera que a Vizcarra lo acompaña un sino de fatalidad, aunque esta vez hizo las cosas bien. 

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Ello estaría ocurriendo desde que ha dejado de solucionar la cuestión de Richard “Swing” Cisneros que recibió 170 mil soles por asesorías de temas tontos e inocuos pagados en el Ministerio de Cultura. También lo afecta las andanzas de la Secretaria General de Palacio de Gobierno, su protegida Mirian Morales, que ha puesto a diestra y siniestra a sus allegados directos relacionados con un parentesco familiar con su hija, en la administración publica. Ambos casos deben ser investigados a fondo, y si hay responsabilidades, debe haber sanciones de todas maneras. Queremos verlas.
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Las acusaciones ´por presunto nepotismo siguen por un lado y otro y en esta oportunidad se incluyó a Fredy Herrera Begazo, esposo de Doris Vizcarra y cuñado del Presidente que también habría firmado contratos con el Estado en los últimos años, Los denunciantes aseguran que la ley lo impide expresamente. En total, desde que Vizcarra está en el poder, ha recibido 190 mil soles con contratos de por medio. Esto tiene que probarse. Si no se hace es, obviamente, difamante.
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Ahora bien, no es la primera vez que Herrera hace este tipo de negocios mientras su cuñado ocupa un cargo público. Entre el 2011 y 2013, cuando Vizcarra era Presidente Regional de Moquegua, la empresa “Equipos y Obras EIRL”, controlada por Herrera, facturó más de 387 mil soles por alquilar vehículos pesados a dos municipalidades de esa región. ¿Lo permite o no la ley?
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Otra de las beneficiadas fue Rosemary Silva Acevedo, cuñada de la Primera Dama Maribel Diaz y pareja de su hermano Gabriel Diaz. Entre el 2013 y 2014, durante el periodo al mando de la región moqueguana, Silva fue nombrada en el Proyecto Pasto Grande. Si esto es ilegitimo, hay que investigarlo. No se le puede dejar ahí durmiendo, como se dice, el sueño de los justos.
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Todo ello contribuye a la poca credibilidad del mandatario de la nación que, sin embargo, mantiene una buena proporción de adherentes en las últimas encuestas que se han registrado y si se le compara con los congresistas, evidentemente, que está en mejores condiciones y hasta acertadas posiciones.
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Los sucesivos nombramientos y contrataciones revelados, el último mes, han sido de gran utilidad para los enemigos políticos del Presidente quienes, con mala leche, han anunciado investigaciones. Uno de los que más ha sacado jugo al asunto es el Presidente de la Comisión de Fiscalización, Edgar Alarcón. 
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Alarcón, evidentemente, no tiene mucha autoridad para ser el juzgador porque las manos limpias, precisamente no las tiene. En efecto, el parlamentario ha sido denunciado por el delito de peculado doloso y enriquecimiento ilícito.
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Desde varios sectores se señaló que una persona con tantos cuestionamientos asumiera la tarea de fiscalizar el poder, presumiéndose que desde el cargo pretendería sobre actuar, ya sea para intentar demostrar que las acusaciones contra el son falsas, como para vengarse de quienes contribuyeron a su destitución de la Contraloría General de la República.
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En tiempos de crisis, en los que reina la incertidumbre y con un proceso electoral que se viene en menos de un año, generar confianza tiene que ser uno de los puntos trascendentales de la agenda de nuestros días.
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Por eso nos parece acertado, más allá de las simpatías políticas, que el Presidente Vizcarra haya anunciado la fecha de los comicios para el 11 de abril del 2021. Ello implica coherencia con lo que se dijo desde un principio: el mandatario no postulará a la reelección y está listo para entregar el poder. De por si, ello es enteramente democrático y por ende aplaudible.
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Lo que quiere un buen número de miembros del Congreso actual es seguir haciendo política y desea, evidentemente, hacerle daño de este tipo a Vizcarra. La relación entre ambos poderes ya está deteriorada. No se puede olvidar así por así la ridícula y preocupante refriega del fin de semana.
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Los parlamentarios han atacado instituciones fundamentales como son la Defensoría del Pueblo y el Tribunal Constitucional. Ello es grave porque se está aniquilando el sistema democrático. El TC ha dirimido los conflictos entre los poderes del Estado, de acuerdo al marco legal existente. La Defensoría, por su parte, ha contribuido al desarrollo efectivo de la institucionalidad. No de ahora, sino desde su inicio con su primer titular, Jorge Santistevan de Noriega.
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Quitarles a los ministros el derecho al antejuicio también es otra necedad. No vaya a ser que por eso se produzca una parálisis en el estado de gobernar, en vista de que nadie quiere asumir una cartera. Ni tampoco firmar papeles por la consecuencia que pueda tener. Ceñirse el fajín sería un fenómeno de peligro fulminante. 
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Lo inaudito e inexplicable fue la reacción final del Congreso después de la intervención del Presidente al sesionar de inmediato, entre gallos y medianoche, aprobando una serie de enmiendas constitucionales que le quitó la inmunidad de protección al Presidente de la República,.También fueron afectados los Ministros de Estado y los miembros del Tribunal Constitucional. Las represalias se habían consumado y la Carta Magna había cambiado, por completo, en unas cuantas horas. Asuntos propios de mediocres e inexpertos.
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Las actuaciones más controvertidas en el Congreso estuvieron a cargo de los miembros de los grupos políticos de Podemos Perú con el inefable General Daniel Urresti Elera que sueña con la presidencia de la nación y los de Unión por el Perú, que desde la cárcel dirige el asesino Antauro Humala Tasso. Ellos fueron los autores de lo inconcebible hacho factible.
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No se quedó atrás el Presidente de la Comisión de Constitución, Omar Chehade Moya, que maniobró a su regalado gusto y fue uno de los artífices de los desaguisados de este parlamento de quinta categoría.
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Las andanzas parlamentarias inconcebibles de Chehade dieron lugar a que renuncien unos 15 asesores de la Comisión de Constitución entre juristas, técnicos y políticos, en señal de protesta por los errores cometidos.
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Entre ellos estuvieron Oscar Urviola Hani, ex Presidente del Tribunal Constitucional (TC), César Landa, miembro de este prestigiado organismo y también se desempeñó como número uno,. El ex Premier Pedro Cateriano Bellido, Martin Tanaka, doctor en Ciencia Política, Fernando Tuesta Soldevilla, experto en asuntos electorales, la abogada Rocío Villanueva, ex funcionaria de la Defensoría del Pueblo y el jurista Javier de Belaunde, entre otros.
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Muchas veces Chehade ha tenido un comportamiento sinuoso. Si no nos equivocamos, en el 2011, protagonizó un hecho que mereció la repulsión general en su calidad de Primer Vicepresidente de la República y Congresista durante el gobierno de Ollanta Humala. Inclusive, por su mala actuación, tuvo que renunciar a tal cargo.y fue suspendido en el Congreso por 120 días
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Resulta que Chehade se reunió en el restaurante “Las Brujas de Cachiche” con un grupo de generales de la Policía y trató de conminarlos a que ejecuten a una acción de desalojo indebida en la azucarera Andahuasi y en favor del grupo Wong con quien tenía relación y quería servir. ¿A cambio de qué?
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En el entuerto también actuó el hermano del parlamentario, Miguel Chehade Moya, que por haber tenido responsabilidad penal en el asunto, estuvo en la cárcel con una condena de 4 años de prisión efectiva. La denuncia correspondiente la hizo el General de la Policía Guillermo Arteta y en la reunión también participaron los generales del mismo cuerpo, Raúl Salazar y Abel Gamarra. (Noé)