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Evidentemente quienes se llevan
las palmas de la deshonra son los
congresistas, que en esa parodia de parlamento existente en la Plaza Bolivar,
cometen errores garrafales que son inauditos y que los lleva-sin ninguna
duda-al desprestigio total.
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Esta vez, sin ton ni son, el
Parlamento comenzó cual lid pugilística el
desaguisado de la inoperancia al dejar de lado la reforma política. Ni
siquiera legisló sobre la inmunidad parlamentaria que resultó, al principio,
sin cambio alguno. Tampoco hizo nada para evitar que los condenados ejerzan
cargos públicos. Inadmisible.
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La reacción del otro lado del
ring, de ninguna manera, se hizo esperar. Entonces, el Presidente Vizcarra lanzó un mensaje presidencial en el que,
anunciando la realización de un
referéndum, trató de enmendarle la plana al Congreso.
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Esta institución democrática que
contempla la Constitución, de acuerdo al proyecto del mandatario, se iba a
realizarse el mismo día de las elecciones del próximo año para decidir sobre la inmunidad parlamentaria,
conforma lo diga el pueblo. Nadie puede estar en contra de ello porque la
corrección es legítima.
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Además, el Ejecutivo decidió, a
manera de solución, presentar un proyecto de ley ante el Congreso para que,
específicamente, los condenados estén prohibidos de
postular a la Presidencia, las Vicepresidencias de la República y otros cargos
de elección popular. Otro acierto por sus cuatro costados.
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La intervención presidencial, por
esas cosas inexplicables que tiene la política, ahondó por completo las diferencias y se armó el conflicto que
hasta ahora no tiene solución. Pareciera que a Vizcarra lo acompaña un
sino de fatalidad, aunque esta vez hizo las cosas bien.
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Ello estaría ocurriendo desde que
ha dejado de solucionar la cuestión de
Richard “Swing” Cisneros que recibió 170 mil soles por asesorías de temas
tontos e inocuos pagados en el Ministerio de Cultura. También lo afecta las andanzas de la Secretaria General de
Palacio de Gobierno, su protegida Mirian
Morales, que ha puesto a diestra y siniestra a sus allegados directos
relacionados con un parentesco familiar con su hija, en la administración
publica. Ambos casos deben ser
investigados a fondo, y si hay responsabilidades, debe haber sanciones de
todas maneras. Queremos verlas.
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Las acusaciones ´por presunto
nepotismo siguen por un lado y otro y en esta oportunidad se incluyó a Fredy Herrera Begazo, esposo de Doris
Vizcarra y cuñado del Presidente que también habría firmado contratos con el
Estado en los últimos años, Los denunciantes aseguran que la ley lo impide
expresamente. En total, desde que Vizcarra está en el poder, ha recibido 190
mil soles con contratos de por medio. Esto tiene que probarse. Si no se hace es, obviamente, difamante.
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Ahora bien, no es la primera vez que Herrera hace este tipo de negocios
mientras su cuñado ocupa un cargo público. Entre el 2011 y 2013, cuando Vizcarra era Presidente Regional de
Moquegua, la empresa “Equipos y Obras EIRL”, controlada por Herrera, facturó más de 387 mil soles por alquilar vehículos
pesados a dos municipalidades de esa región. ¿Lo permite o no la ley?
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Otra de las beneficiadas fue Rosemary Silva Acevedo, cuñada de la
Primera Dama Maribel Diaz y pareja
de su hermano Gabriel Diaz. Entre el
2013 y 2014, durante el periodo al mando de la región moqueguana, Silva fue
nombrada en el Proyecto Pasto Grande. Si
esto es ilegitimo, hay que investigarlo. No se le puede dejar ahí
durmiendo, como se dice, el sueño de los justos.
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Todo ello contribuye a la poca credibilidad del mandatario de
la nación que, sin embargo, mantiene una
buena proporción de adherentes en las últimas encuestas que se han
registrado y si se le compara con los congresistas, evidentemente, que está en
mejores condiciones y hasta acertadas posiciones.
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Los sucesivos nombramientos y
contrataciones revelados, el último mes, han
sido de gran utilidad para los enemigos políticos del Presidente quienes,
con mala leche, han anunciado investigaciones. Uno de los que más ha sacado
jugo al asunto es el Presidente de la Comisión de Fiscalización, Edgar Alarcón.
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Alarcón, evidentemente, no
tiene mucha autoridad para ser el juzgador porque las manos limpias, precisamente no las tiene. En efecto, el
parlamentario ha sido denunciado por el delito de peculado doloso y
enriquecimiento ilícito.
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Desde varios sectores se señaló
que una persona con tantos cuestionamientos asumiera la tarea de fiscalizar el
poder, presumiéndose que desde el cargo pretendería sobre actuar, ya sea para
intentar demostrar que las acusaciones
contra el son falsas, como para
vengarse de quienes contribuyeron a su destitución de la Contraloría General
de la República.
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En tiempos de crisis, en los que
reina la incertidumbre y con un proceso electoral que se viene en menos de un
año, generar confianza tiene que ser uno de los puntos
trascendentales de la agenda de nuestros días.
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Por eso nos parece acertado, más allá de las simpatías políticas, que el
Presidente Vizcarra haya anunciado la fecha de los comicios para el 11 de abril del 2021. Ello implica
coherencia con lo que se dijo desde un principio: el mandatario no postulará a
la reelección y está listo para entregar el poder. De por si, ello es
enteramente democrático y por ende aplaudible.
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Lo que quiere un buen número de miembros del Congreso actual es seguir
haciendo política y desea, evidentemente, hacerle daño de este tipo a Vizcarra.
La relación entre ambos poderes ya está deteriorada. No se puede olvidar así por así la ridícula y preocupante refriega
del fin de semana.
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Los parlamentarios han atacado
instituciones fundamentales como son la Defensoría del Pueblo y el Tribunal
Constitucional. Ello es grave porque se está
aniquilando el sistema democrático. El
TC ha dirimido los conflictos entre los poderes del Estado, de acuerdo al
marco legal existente. La Defensoría,
por su parte, ha contribuido al desarrollo efectivo de la institucionalidad.
No de ahora, sino desde su inicio con su primer titular, Jorge Santistevan de Noriega.
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Quitarles a los ministros el derecho al antejuicio también es otra
necedad. No vaya a ser que por eso se produzca una parálisis en el estado de gobernar, en vista de que nadie
quiere asumir una cartera. Ni tampoco firmar papeles por la consecuencia que
pueda tener. Ceñirse el fajín sería un
fenómeno de peligro fulminante.
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Lo inaudito e inexplicable fue
la reacción final del Congreso después de la intervención del Presidente al
sesionar de inmediato, entre gallos y medianoche, aprobando una serie de enmiendas constitucionales que le quitó la
inmunidad de protección al Presidente de la República,.También fueron afectados los Ministros de Estado
y los miembros del Tribunal Constitucional. Las represalias se habían consumado y la Carta Magna había cambiado, por
completo, en unas cuantas horas. Asuntos propios de mediocres e inexpertos.
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Las actuaciones más
controvertidas en el Congreso estuvieron a cargo de los miembros de los grupos políticos de Podemos Perú con el
inefable General Daniel Urresti Elera que sueña con la presidencia de la nación
y los de Unión por el Perú, que desde la cárcel dirige el asesino Antauro
Humala Tasso. Ellos fueron los autores de lo inconcebible hacho factible.
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No se quedó atrás el Presidente de la Comisión de Constitución, Omar
Chehade Moya, que maniobró a su regalado gusto y fue uno de los artífices
de los desaguisados de este parlamento de quinta categoría.
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Las andanzas parlamentarias
inconcebibles de Chehade dieron lugar a que renuncien unos 15 asesores de la Comisión de Constitución entre juristas,
técnicos y políticos, en señal de protesta por los errores cometidos.
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Entre ellos estuvieron Oscar Urviola Hani, ex Presidente del
Tribunal Constitucional (TC), César
Landa, miembro de este prestigiado organismo y también se desempeñó como
número uno,. El ex Premier Pedro
Cateriano Bellido, Martin Tanaka,
doctor en Ciencia Política, Fernando
Tuesta Soldevilla, experto en asuntos electorales, la abogada Rocío Villanueva, ex funcionaria de la
Defensoría del Pueblo y el jurista Javier
de Belaunde, entre otros.
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Muchas veces Chehade ha tenido un comportamiento sinuoso. Si no nos equivocamos,
en el 2011, protagonizó un hecho que
mereció la repulsión general en su calidad de Primer Vicepresidente de la
República y Congresista durante el gobierno de Ollanta
Humala. Inclusive, por su mala actuación, tuvo que renunciar a tal cargo.y fue suspendido en el Congreso por 120 días
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Resulta que Chehade se reunió en
el restaurante “Las Brujas de Cachiche” con un grupo de generales de la Policía y trató de conminarlos a que ejecuten a
una acción de desalojo indebida en la azucarera Andahuasi y en favor del
grupo Wong con quien tenía relación y quería servir. ¿A cambio de qué?
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En el entuerto también actuó el
hermano del parlamentario, Miguel
Chehade Moya, que por haber tenido responsabilidad penal en el asunto, estuvo en la cárcel con una condena de 4
años de prisión efectiva. La denuncia correspondiente la hizo el General de
la Policía Guillermo Arteta y en la reunión también participaron los generales del mismo cuerpo, Raúl Salazar y Abel Gamarra. (Noé)
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