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Nadie guarda un buen recuerdo de congresistas de talla baja como Héctor Becerril, experto en seguridad y
violencia desenfrenada en los fundos agro industriales de Chiclayo. Tampoco de Karina
Beteta, con sus ignorancias y veleidades de improvisada.
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Menos de Rosa Bartra, una abogada protegida por los “ollucos” Martínez, dueños de la pesquera Hayduk que
financiaron su campaña electoral y, por ende, la pusieron en el Legislativo para cumplir con sus intereses
particulares.
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Tampoco se extraña a Miguel Torres que, siendo hábil, jugaba con los conflictos de intereses a
cada rato y ocasión entre lo que
defendía en su estudio jurídico y lo que manejaba políticamente en su condición
de líder parlamentario y compañero de colegio de los hermanos Fujimori Higuchi.
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Tan manchada y corrompida es esta
agrupación que, el 17 de julio último, el famoso y controvertido Fiscal, José Domingo Pérez, ha solicitado ante
los tribunales de justicia la suspensión
por dos años y medio de las actividades de Fuerza Popular.
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El representante del Ministerio
Público sostiene que, con tal medida, se buscaría probar que este ente político ha sido instrumentalizado
para cometer delitos reiterados, tales como lavado de activos, cohecho,
fraude, entre otros. De esta manera, lo
que se estaría aplicando es la ley contra el crimen organizado.
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Para llegar a tal conclusión, Pérez y su equipo han analizado a fondo
muchos y variados proyectos de ley, dictámenes de comisiones y otros materiales
de la bancada fujimorista del Congreso elegido el 2016
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Una medida como esta, en tiempos democráticos como los que vivimos,
debe ser manejada con muchísimo cuidado
sobre todo por las implicancias y
consecuencias que pueden venir, a pesar de que pensamos que estos señores
caminan al margen de la ley.
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La primera de ellas es que la prisión preventiva en contra de los
políticos es discutible y controvertida porque, con evidente fuerza que de
por si se rechaza, se está colocando herramientas
de carácter penal a la arena política, como medidas de contención y
amedrentamiento que choca con algo sagrado: la pérdida de la libertad. La
podemos perder cuando efectivamente delinquimos. Pero no cuando nada se ha
probado.
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Un hecho que todos aplauden es
que se investigue de forma individual a
cualquier persona que haya cometido delitos. Pero de ahí a levantar una
percepción a que el sistema de justicia
se puede usar como arma política adicional en contra de un ente colectivo, sí
que llama la atención por completo. Evidentemente que se atentaría contra el
propio Estado y la separación de poderes.
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El momento que se pide la suspensión de dicho partido también hay que tomarlo en cuenta. No
olvidemos que estamos al inicio de un
proceso de elecciones generales. La medida sólo es plausible y acertada si
es una decisión jurídica alcanzada luego
de una revisión cuidadosa de las pruebas fehacientes y argumentos de eminente
carácter legal.
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Aceptar la suspensión de un
partido político a través de una medida cautelar, sin siquiera acusación de por
medio a la fecha, seria entrar en un
camino incierto lleno de vicisitudes y proclive a potenciales abusos de poder.
Aquí, en este caso, ni siquiera se tiene seguridad del procedimiento jurídico por
aplicarse. No hay ningún antecedente al
respecto.
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También se puede pensar que con
la medida de Pérez se estaría atentando con la oferta
electoral y el derecho a ser elegido y de elegir, de quienes legítimamente
apoyan a Fuerza Popular. La proscripción
de un partido también implica la
victimización del mismo. Con sus consecuencias a favor de lo que serían los
propios corruptos fujimoristas. En otras palabras, no los estas combatiendo, si los estas favoreciendo.
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Lo que sí se necesita, con
claridad meridiana, es probar conforme a
ley que Fuerza Popular ha sido efectivamente un instrumento para la
actividad criminal. Si es así, la
agrupación debe afrontar las consecuencias de carácter legal, fuese cual fuere.
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Pero si
no es así debemos dejarlo allí. Sobre todo, porque afectar un proceso
electoral que se viene, con el brazo de la justicia, es un hecho de por si peligroso para la democracia peruana. Más aún
cuando ella necesita ser fortalecida día a día.
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Ante el pleno del Congreso, con
ocasión de las Fiestas Patrias, el Presidente Martin Vizcarra hizo una serie de anuncios importantes
para seguir, con eficiencia, en la lucha contra el coronavirus. Uno de los más
importantes fue lo relacionado a mejorar
el estado de salud pública en el
país, con una inversión de 20 mil millones de soles.
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Evidentemente que ello está bien
porque, de esa manera se corrige, un
error histórico y se salda una deuda del Estado con ese sector que sirve,
directamente y de la mano, a la población.
Nunca se le ha dado la prioridad. Ojalá que, de ahora para adelante, sí se
cumpla de todas maneras y como debe ser.
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El presupuesto estará dirigido,
prioritariamente, al primer nivel de atención para mejorar los servicios e invertir en más hospitales y equipos médicos. Lo que se quiere es que todos los
peruanos tengan una cobertura de salud.
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El Gobierno se comprometió a que el Perú contará con 3 mil camas de
cuidados intensivos el próximo 28 de julio del 2021, fecha en que se
entregara el poder al mandatario que sea elegido en las urnas, durante las
elecciones que se efectuaran ese mismo año.
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Asimismo, se inaugurarán los hospitales de Pacasmayo (La
Libertad) Putina (Puno), Challhuahuacho (Apurimac), los centros de Salud de Haquira y Cotabambas en el mismo
departamento y el de Machupichu en el Cusco. Si efectivamente se cumplen con
todas estas obras sanitarias, el
Gobierno se estaría ganando un porotazo. Que así sea por el bien de la
sociedad
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También se anunció la entrega de un segundo bono de 760 soles adicionales
al monto que se continúa entregando a los hogares considerados más vulnerables,
tras la pandemia. El subsidio beneficiará a unos 8 millones y medio de hogares.
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Lo que se tiene previsto para las
familias que se inscribieron. en el Registro Nacional de Hogares de RENIEC, es
la entrega de lo que se denominó el Bono
Familiar Universal, a partir de la próxima semana.
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También hay un compromiso
gubernamental en el sentido de dar una
pensión de 200 soles mensuales a los niños huérfanos de la pandemia, hasta
que alcancen la mayoría de edad. Lo que se continuara, de todas maneras, es con
las visitas domiciliarias a miles de niños de 36 meses para prevenir y tratar
la anemia. Quien lucha por sus infantes, lucha por el futuro. Ello de por si
merece aplausos.
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Un acierto es que se vele por los
derechos del consumidor. En ese sentido, la
medida gubernamental de fortalecer a Indecopi merece ser subrayada. Lo que
se persigue es tener todos los recursos para garantizar la libre competencia y
sancionar cualquier práctica que atente contra el libre mercado y los derechos
de las personas.
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El Presidente anunció que se
destinará 736 millones de soles más para
compras de bienes por parte de diferentes entidades del Estado. Con ello se beneficiará a más de 10 mil
MYPES, a fin de que puedan general 90
mil puestos de trabajo adicionales, contribuyendo a la dinamización de la
economía nacional.
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También se dio a conocer que
grandes obras de infraestructura postergadas se realizarán a través de
convenios de gobierno a gobierno. Entre ellas la Línea 3 y la 4 del Metro y la Carretera Central que nos comunica
con la sierre y con la selva. Lo mismo se hará, bajo la misma modalidad con 75 colegios, 44 hospitales y centros de
salud 24 proyectos de saneamiento y agua potable. Las cifras impresionan.
Ojalá que las obras se cumplan.
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Otro anuncio importante fue la
construcción este año de 19 mil
viviendas seguras y acondicionadas térmicamente, para lo cual se ha
destinado un presupuesto de 670 millones
de soles. Al 2021 se han propuesto llegar a 55 mil casas de este tipo para que 172 mil peruanos puedan afrontar las bajas temperaturas propias de
las zonas más altas del país.
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Un proyecto se presentará al
Congreso para otorgar facultades
especiales a COFOPRI, con miras a la formalización de la propiedad predial.
Se trata de ampliar los plazos por posesiones informales hasta el 12 de julio
del 2014, con el objetivo de formalizar un
millón de títulos de propiedad.
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En el sector Pesca se tiene la meta de adjudicar 2 mil proyectos en total para el
próximo año dentro del Programa de Innovación con una inversión de 328 millones de soles, beneficiando a 25 mil usuarios.
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Otro anuncio presidencial es que
para el Bicentenario se abrirá el Museo
Nacional y los 25 parques que llevarán este nombre, además de obras en
diversas regiones del país. Muchas de ellas simbólicas. Como el monumento en la
pampa de Ayacucho, donde se selló nuestra Independencia. Un pueblo que conoce su historia es prospero, de todas maneras. (Noé)
