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Su salida secreta del territorio
peruano, ocurrida el domingo 7 de octubre día de las elecciones municipales y
regionales, también es parte de un acto ilícito. Parece ser que coimearon a los responsables
de Migraciones. Corrupción más
corrupción, realmente, que no puede ser.
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Ahora perdemos el tiempo para
encontrar a los verdaderos responsables. Unos gritan, muy seguros, el Congreso tiene la culpa porque se
demoró en enviar los papeles a los organismos correspondientes. Otros señalan al Poder Ejecutivo debido a que el infeliz
se les escapó por la frontera del norte que estuvo, dicho sea de paso, peor que
una coladera.
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La verdad de la milanesa es que la responsabilidad es, definitivamente, compartida
tanto por el Parlamento como por el Gobierno y las autoridades que administran
justicia. Allí está incólume el
Ministerio Público. De eso no hay duda y merece denunciarlos a los cuatro
vientos, como lo estamos haciendo.
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No hay que olvidar que, en la Comisión Permanente del Congreso, los fujimoristas trataron de
resguardar a Hinostroza cuando, de
manera inaudita, dejaron de considerarlo como miembro de una organización
criminal. Así le quitaban grandes responsabilidades de índole penal.
Felizmente, en el hemiciclo posteriormente, si se consiguió hacer efectiva la
acusación. ¡Cuánto cuesta acusar de a
verdad!
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Lo cierto es que ahora todos, absolutamente todos los peruanos, deben
colaborar, de una manera u otra a que el sinvergüenza integrante activo hasta
hace poco del Poder Judicial, retorne al país. Por la vía más rápida, para ser
juzgado y por ende condenado.
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Lo que se ha dicho es que aquí ha
habido complicidad de la Inspectora de Migraciones, Yhenifferd Bustamante Moretti. Hecho en sí que permitió el ingreso
a Ecuador del ex Presidente de la Segunda Sala Penal Transitoria, quien vía Ámsterdam-Holanda,
llegó a España donde ha pedido, con el mayor de los cinismos, el asilo político porque en su país, prácticamente,
lo persiguen y no lo juzgarán teniendo en cuenta el debido proceso. Lo afirmado parece un chiste. Pero así son
los reclamos de esta índole. Sin pies ni cabeza.
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Este abogado de marras que se
largó de estos lares por miedo a ser juzgado, precisamente, con rigor es un delincuente que forma parte de una organización
criminal: la de los cuellos blancos del puerto del Callao”. Nada más y nada
menos.
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La banda, para variar, está conformada
por un grupo de magistrados inescrupulosos, quienes integraban una red de tráfico de influencias, favores
y prevaricato de la que también participaban políticos y empresarios. Lo
óptimo es que le caiga todo el peso de la ley a tales sinvergüenzas que,
efectivamente, denigran al país.
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Los tres caminos para que retorne
Hinostroza al Perú están
relacionados con la expulsión, la
extradición y el rechazo al asilo que ha sido solicitado. Que se le
deniegue la permanencia es, con evidencia total, la voz. La primera de las
medidas daría resultados inmediatos. Mientras que la segunda duraría todavía un
trecho de unos dos años. Lo que más nos conviene es que el “tarambana este”
venga de inmediato. Lo esperamos para
juzgarlo de a verdad.
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Ya cansa esto de las detenciones
provisionales. No nos cabe la menor duda de que Keiko Fujimori esta manchada de corrupción. Si hasta estudió en
Estados Unidos con plata mal habida a que ponía contante y sonante Vladimiro Montesinos, en tiempos del contubernio y la sociedad delincuencial con
su padre.
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Pero, de allí a juzgar y decir que su arresto es legal, hay un tramo muy
pero muy grande. Lo que si se debe hacer es investigarla, juzgarla y
condenarla o absolverla. No se puede
estar en estos juegos que causan desconcierto real entre la población.
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Lo mismo ocurrió con Ollanta Humala y Nadine Heredia, la
pareja presidencial que se habría birlado la plata de la campaña electoral que
provino de Venezuela. La que fue enviada por el dictador Chávez. Y la del
Partido de los Trabajadores, de Lula da Silva de Brasil. Ya es tiempo que a la
parejita se le pruebe la acusación. Urge
una justicia bien aplicada.
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Sin embargo, de acuerdo al
veredicto de las encuestas, un sondeo realizado da cuenta exacta de que el 75% de los peruanos considera que Keiko Fujimori es culpable de las imputaciones que se le hace sobre lavado der
activos y que el 71% justifica la
detención que se dictó en su contra. Precisamente, por estas cifras, es que
la administración de justicia debe ser efectivamente certera, sin predominio
carcelero que a ningún camino bueno conduce.
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El fujimorismo ha tenido otro revés.
El mismo que se registró en los últimos comicios de consulta al pueblo. En
efecto, Fuerza Popular perdió la mayoría
de alcaldías y gobiernos regionales en disputa. Lo que, efectivamente, los
debilita por completo.
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La medida de prisión también
involucró a 19 personas. Ellas están vinculadas a la campaña presidencial de
Fuerza Popular. En la lista estuvieron los ex ministros de esta tendencia Augusto Bedoya Cámere y Jaime Yoshiyama Tanaka. También el
tesorero de la agrupación, Luis Alberto
Mejía Lacca. El primer y el ultimo presos por diez días y al segundo la medida
lo agarró en una clínica, ubicada en Estados Unidos, donde le operaron un ojo.
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Bedoya y Yoshiyama,
según la Fiscalía, recibieron un millón de dólares de la constructora Odebrecht. A sabiendas de que ese
dinero tenia origen ilícito, ellos
utilizaron el monto para la campaña fujimorista del 2011, creando falsos
aportantes.
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También figura en la lista Liz Documet, quien aportó 27 mil 820
soles a las elecciones presidenciales de hace 7 años, pero que no sabe cómo sustentar de dónde sacó los
fondos para obtener ese monto.
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Otro aportante que fue detenido
es Luileth Sánchez Bardales que es
otro de los colaboradores de dinero cuya cifra asciende a 13 mil 910 soles y
que, al igual que Documet, no sabe
explicar que cosa es lo que efectivamente hizo.
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El Fiscal, José Domingo Pérez, fue quien solicitó la prisión preventiva contra
Keiko Fujimori y su equipo de
colaboradores. El Juez, Richard
Concepción Carhuancho, aprobó la solicitud. La tesis del Ministerio Público
es que la lideresa de Fuerza Popular
cometió el supuesto delito de lavado de activos.
Hay la obligación de probarlo. No queda otra cosa.
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El otro tema que afecta al
fujimorismo es el indulto presidencial a
Alberto Kenya Fujimori Fujimori.
Hace poco, el 3 de octubre del año en curso y contra todo pronóstico, el
Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, dirigido por el doctor Hugo Núñez, declaró inaplicable la
medida otorgada por el Presidente Kuczynski,
la víspera de Navidad del 2017.
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La reacción fue inmediata y el dictador fue llevado de su casa en La
Molina a una clínica local, porque había sufrido una serie de desperfectos
relacionados con su precaria salud. A reglón seguido, el ex mandatario hizo
declaraciones y dijo que “su corazón no aguantaría volver a la cárcel”. La
muerte lo ronda y lo acecha.
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Caso humano, caso dramático. Efectivamente, Un hombre de 80 años
con tantos problemas y afecciones. Poco
más de ocho meses había durado la libertad del ex presidente. La Corte
Suprema ordenó que lo capturen y vuelvan a recluir. En esas se está y esto tiene que resolverse en los próximos días. El Legislativo ha aprobado una ley, con nombre propio, para salvar al dictador y el Ejecutivo,con razón, la ha observado. Urge,repetimos, encontrar la salida
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Entre los argumentos en que se
basa el Juez Núñez para la nulidad figuran, sobre todo, las causas políticas en que se dio la medida. Lo que dice es que
se negoció con el objeto de que 10 congresistas, del propio fujimorismo, voten
en contra de la vacancia de PPK. Una por otra. También se critica el plazo registrado del propio indulto, el mismo
que fue muy corto y breve. Lo que generó dudas e inseguridades.
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Una encuesta realizada
últimamente asegura que las decisiones están divididas. Un 53% de los peruanos estaría en desacuerdo con la anulación del
indulto. Mientras que un 40% está
totalmente a favor del Poder Judicial. Hay, además, un 7% de indecisos. Así
están las cosas y este problema tiene que resolverse de todas maneras. Ya es
tiempo.
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Fujimori está enfrentado a cargos de corrupción desde el año 2000,
luego de que el Congreso de la República lo destituyó del cargo, por el proceso
de vacancia presidencial. El ex Presidente
mantuvo un exilio autoimpuesto hasta su arresto, durante su visita a Chile en
noviembre del 2005.
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Fue extraditado para enfrentar
cargos penales, en el Perú, a partir del mes de septiembre del 2007.
Exactamente, dos años después, lo
condenaron a 25 años, entre otros cargos, por ordenar las masacres de
Barrios Altos y La Cantuta. También fue
sentenciado por corrupción total.
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A fines del 2012 se reportó que Fujimori padecía de cáncer a la lengua
y otros problemas de índole médico, relacionados con el corazón y otros
órganos. Su familia solicitó el indulto
al entonces Presidente Humala que,
con firmeza y fríamente, rechazó la medida. El argumento presidencial, que
chocó duramente en algunos sectores, fue que la condición del ex dictador no era lo suficientemente grave como para
justificarlo. Esto ocurrió junio del 2013.
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Cuatro años después se volvió a
insistir en lo mismo. La solicitud fue hecha por razones humanitarias. La junta
médica-integrada por Juan Postigo, Víctor Sánchez y Guido Hernández- recomendó
la salida de la cárcel. Así se consiguió la medida humanitaria ¿Seguimos o no
seguimos con el odio? (Noé)
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