jueves, 21 de mayo de 2020

CLARO...CLARISIMO

El Perú acaba de superar los 100 mil casos de coronavirus y los 3 mil fallecidos, por efectos directo de ese mal que asola implacablemente casi a todo el mundo. La Antártida parece ser que se salva. Son cifras estas, de por sí, preocupantes que ha convertido al país en el segundo más golpeado por la enfermedad, después del Brasil.
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La situación se nos presenta en medio del aislamiento social total, con un rígido toque de queda de por medio y, obviamente, en la incertidumbre de que hacer en el futuro cuando, precisamente, atravesamos por una escasez galopante de medicamentos y una serie de problemas por resolver.  El Gobierno está actuando y estamos en la obligación de apoyarlo, para obtener resultados óptimos.
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Urge evidentemente que los peruanos nos unamos, a fin de superar el mal que ha traído como consecuencia directa de la crisis económica imperante, una de las peores de los últimos tiempos. El PBI ha disminuido notablemente. La pobreza-desafortunadamente- está volviendo a aumentar.
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Felizmente tenemos a una Ministra de Economía y Finanzas de polendas y efectividades. Maria Antonieta Alva Luperdi trabaja decididamente con su equipo de expertos y técnicos en el plan de rehabilitación. Pero lo cierto es que todavía no se conoce con exactitud sus verdaderos efectos. Hay que darle tiempo al tiempo.
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No hace lo mismo el Congreso de la Republica que, desde su instauración en marzo del presente año, va de tumbo en tumbo, en medio de una carrera populista de la peor especie. Como bien se sabe, este es el segundo parlamento que tenemos del 2016 a la fecha.
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El primero de ellos fue clausurado en un episodio determinado que muy pronto fue establecido como plenamente constitucional. La medida tomada por el Presidente Vizcarra recibió el contundente apoyo de la población.
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 Nadie quería a este organismo considerado inocuo y poco preparado donde la primera mayoría la tenía el fujimorismo corrupto y rechazable. Este fue el parlamento que rechazó el adelanto general de elecciones.
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La instalación del nuevo Congreso, el actual, ocurrió en paralelo al inicio de la cuarentena. A partir de ese momento, este poder del estado desprestigiado por completo se ha empeñado en abrirse un periodo propio en un terreno minado de equivocaciones.
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Cabe recordar que once parlamentarios, de un tiempo a esta parte, se han contagiado del coronavirus. No hay ni siquiera preocupación de cuidarse. En efecto, su sesión inaugural fue con bombos y platillos, se dieron la mano, se abrazaron, etc. etc. Al poco tiempo, zuacate, algunos enfermos. Explicable. ¿O no?
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Lo primero que se tuvo fue la renuncia de Arlette Contreras, una víctima de la agresión masculina de pareja que renunció a la bancada izquierdista del Frente Amplio, por un desacuerdo en la contratación de un asesor. ¡Qué bajo nivel!
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El Grupo de Unión por el Perú, que siempre ha actuado en las elecciones como vientre de alquiler, se dividió y así surgió la bancada etnocacerista expresión del pensamiento de Antauro Humala Tasso, un asesino de policías que está en la cárcel. Para variar, el conductor principal del nuevo comando parlamentario es Edgar Alarcón Tejada, un ex contralor de la república que fue expulsado de su cargo por faltas graves.
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Sin ningún tipo de argumentos técnicos, el Congreso impuso el retiro del 25% de los fondos de las AFP a pesar del coro de voces especializadas que se manifestaron en contra. La mayoría de fondos perforados serán de quienes ni siquiera lo necesitan con urgencia.
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El Gobierno hizo lo posible por disuadir y transar, tanto con propuestas alternativos de retiros como los de una reforma integral del sistema de pensiones.  Ambas posibilidades ni siquiera funcionaron porque a los señores parlamentarios ni siquiera les dio la gana.
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Más preocupante resulta que hay que suspender el cobro de los peajes. Los pocos que quedaban en pie, pues, el Ejecutivo ya había suspendido los que estaban bajo su control o eran cofinanciados y sobre lo cual la Ministra Alva anunció un recurso de inconstitucionalidad.
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Comprensible preocupación. Si el Perú tiene hoy algo a su favor es su buen pie en el contexto financiero internacional. Su capacidad de endeudamiento, estabilidad fiscal y alto nivel de reservas reflejan años de manejo responsable y respetuoso de los contratos de los inversionistas.
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Borrarlos de un plumazo vía ley, sólo terminará en millonarias demandas que, incluso, podrían aprovechar quienes manejan concesiones que nacieron y fueron modificadas en medio de la corrupción. La que les achacan a los ex alcaldes de Lima, Luis Castañeda Lossio y Susana Villarán de la Puente.
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Con lo que se está prosiguiendo, con sus sesiones virtuales de último momento protagonizadas por estos parlamentarios de opereta, es con la cuestión referida a la eliminación de la inmunidad parlamentaria. Lo que ya se hizo fue quitarle a la Contraloría General de la República la capacidad de sancionar por las decisiones en la presentación de las declaraciones juradas. Otra barbaridad total.
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En buena cuenta, en el Congreso, lo que se denominan los conflictos de intereses se convierten, sin ningún problema, en textos legislativos definitivos. Solamente así se entiende que se pretenda formalizar los taxis colectivos.
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Esto último es la antítesis del transporte público en los tiempos de separación social que exige la pandemia. Ello no le importa un bledo, al Congresista Guillermo Aliaga, impulsor del dispositivo- no obstante haber sido asesor de los taxistas. No puede ser.
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Para colmo de males, el Pleno rechazó el dictamen, en minoría, que permite la excarcelación de procesados en delitos que tengan pena no mayor de seis años. También se desaprobó la propuesta de la Comisión de Justicia del propio Congreso que contenía proyectos del Poder Judicial y del Ejecutivo.
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Según se refirió, ahora el Gobierno recurrirá a la delegación de facultades legislativas para solucionar el problema. Mientras tanto, la población penal sigue en peligro inminente por la pandemia. Urge la disminución de personas en las cárceles del país.
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Muy criticada, y también comentada a favor, la intervención del ex Presidente Pedro Pablo Kuczynski en la televisión vía un programa periodístico. Sólo habló de temas económicos. Nada de su juicio penal. Ni tampoco de otros asuntos políticos.
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Lo cierto es que el ex mandatario demostró, una vez más, ser un experto cabal de dichos asuntos especializados. Capacidad y experiencia la tiene y de sobra. El problema consiste en que él está con arresto domiciliario y de acuerdo a la legislación y reglamentación correspondiente está prohibido de hablar públicamente. 
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 El político acusado por corrupción necesita un permiso especial ¿Lo tramitó y lo tuvo? Por eso mismo es que el Fiscal Rafael Vela Barba ha expresado su enojo y molestia. Por lo demás, a PPK se le vio con buen semblante y con menos peso.
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Un error es haber aceptado de que los médicos cubanos vengan a prestar sus servicios aquí en el Perú, con motivo de la pandemia. Aceptar ello significa, de todas maneras, aprobar la politización del asunto.
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Es decir, estar supeditados a las acciones nada santas que realice el gobierno de la isla. Como es la exportación de su revolución trasnochada y la captación de cuadros en los sectores pobres de nuestra sociedad, so pretexto de la ayuda.
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La intromisión de ello implica también que con la llegada de los galenos vengan los expertos del servicio de espionaje de inteligencia y contrainteligencia, denominado G2, para cumplir sus fines perversos.
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Esto es, precisamente, lo que hicieron en el Chile de Allende de los años 70 cuando el Gobierno de la Unidad Popular y en la Venezuela con Chávez y Maduro donde cumplen su labor de captación, en pleno socialismo del siglo XXI, sin ningún problema a diestra y siniestra.
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Los gobiernos comunistas no son solidarios ni dadivosos. En este caso de la salud, un médico le cuesta al país que lo recibe entre 3 mil 500 a 4 mil dólares, que se le paga al régimen cubano. Este, a su vez, le cancela una miseria de dinero a cada uno de sus profesionales. La explotación total. El Gobierno del Perú haría muy bien en desautorizar este convenio como precaución y para evitar los daños que podría registrarse en el futuro. Ojalá se consiga.
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A propósito, varios sectores de pensamiento político equivocado (algunos lo llaman la derecha bruta y achorada) consideran que los caviares están infiltrados en las acciones del gobierno actual. Esto como posibilidad es una barbaridad. Aquí no se tienen problemas de carácter ideológico, si otros de gobernabilidad que hay la obligación de resolverlos en el día a día.  Que así sea. (Noé)

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