Las mafias caminan en el país a
vista y paciencia de todo el mundo y sin que hasta ahora el Estado pueda hacer
algo efectivo como debe ser para evitar consecuencias letales. Allí están en las calles los delincuentes de
construcción civil, cobrando cupos y asesinando. Los de la minería ilegal
desenfrenados en el delito. Lo mismo que el narcotráfico, cuyas barrabasadas no
tienen límites y el contrabando, labor inescrupulosa que cada día se desborda más. Entre muchas otras lacras que deben
controlarse de todas maneras.
Lo malo está en que la situación
se agravará en las próximas elecciones regionales y locales donde competirán
más de 100 mil candidatos para ocupar
unos 12 mil puestos, según se tiene previsto. En cada lugar, los representantes
del crimen organizado están escondidos para atacar en el momento preciso.
No lo decimos nosotros. Lo
afirman, a manera de precaución, los funcionarios de la Oficina Nacional de
Procesos Electorales (ONPE) y del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Ellos, en
un comunicado conjunto, admiten incluso la posibilidad de un clima de violencia
que podría perjudicar las elecciones. Hay, pues, el riesgo de que el crimen
organizado actúe en el escenario político electoral.
La policía trata de controlar a los mineros ilegales mafiosos.
La policía trata de controlar a los mineros ilegales mafiosos.
PRECAUCION
Aquí como precaución existe una
necesidad inmediata de planes para evitar, a como de lugar, conflictos de este tipo. En primer lugar, los organismos
que saben lo que puede venirse están en la obligación de revisar, minuciosa y detalladamente, todas las hojas de
vida de los candidatos. Luego averiguar, de la misma forma, el origen de los financiamientos de sus campañas.
Si las labores se hacen
efectivamente los riesgos, evidentemente, se minimizarán para bien de la
ciudadanía. En consecuencia, la verificación es un necesidad primordial. Los
sistemas informáticos deberán actuar a como dé lugar. Allí deben intervenir las
autoridades electorales en coordinación directa con el Ministerio Público, el
Poder Judicial y la Policía Nacional. Todos a una para actuar.
Los partidos políticos también
tienen que dar su contribución, si queremos evitar daños mayores de los inescrupulosos.
Cada una de las agrupaciones tendrá que responder por cada candidato, donde se
deje de lado a los aventureros y los caudillos desconocidos. Lo óptimo es que
los procesos electorales venideros sean, efectivamente, expresión de honestidad y
honradez que el país requiere.
¡Hay que decirle NO a las mafias!
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