Realmente criticable e inaudito
es lo que ocurre, hasta hoy en día y desde hace mucho tiempo, con un hecho de
por sí importante y trascendental para la vida diaria del quehacer nacional: la elección de los miembros del Tribunal
Constitucional (TC) y la del titular
efectivo de la Defensoría del Pueblo.
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Tales metas y objetivos del aparato del estado, no
obstante su evidente necesidad, resultaron para, colmo de males, un fracaso en
cuanto a designaciones se refiere. Los
consensos necesarios fueron infructuosos en el Congreso de la República.
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Por eso mismo, carecemos de representantes legítimos con nombramiento
de por medio, en ambas instituciones claves de la legitimidad legal y la
efectiva consolidación de la democracia en el país.
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La repartija de hace meses, tan
criticada con razón en la mecánica de las
designaciones para estos puestos claves, se ha convertido en la negligencia punible actual por obra y gracia de los grupos
políticos representativos del Parlamento,
poder del estado cada día más desprestigiado e inoperante por donde se
le vea y analice.
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El Presidente del Congreso, Fredy
Otárola Peñaranda, ha demostrado con su actuación equivocada poca
capacidad de maniobra y de efectividad. Al fracasar por completo, el
congresista ancashino del oficialismo nacionalista dejó de asumir sus responsabilidades y, con cierto
cinismo, le echó la culpa a sus rivales políticos.
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Ahora último, el parlamentario ha
salido con la cantaleta que los apristas son los culpables de la situación. Es
decir que 4 congresistas de esta agrupación- como son Mauricio Mulder, Javier Velásquez
Quesquén, Luciana León y Elías
Rodríguez de un total de 135- paralizaron
las labores de ese poder del estado. Qué es esto y dónde estamos. Lo de Otárola, evidentemente, es un acto de
lavarse las manos cual Poncio Pilatos.
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La manzana de la discordia para
el TC es la candidatura del abogado Francisco Eguiguren Praeli, hoy
Embajador del Perú en España y ex Ministro de Justicia de este régimen. Lo cuestionaron, inexplicablemente,
olvidándose que es un jurista con
determinadas concepciones políticas que, de ninguna manera, invalidan su
postulación.
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Como ciudadano tiene todo el
derecho de ejercerlas. Aceptado está y es lo democrático y coherente. Incluso
si es caviar, como lo sindican sus antagonistas. Qué de malo hay en eso. Si
efectivamente es honesto y capaz, conforme afirman varios sectores de opinión.
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Hace un tiempo no muy lejano, Javier Alva Orlandini, populista y
belaundista convicto y confeso, allí estuvo ejerciendo el cargo. Por si acaso, sin problema alguno. También pasaron por ese
organismo militantes apristas. Y nadie dijo nada.
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Cierto es que en el Tribunal
Constitucional deben estar como integrantes juristas de la talla de Domingo García Belaúnde, Javier de Belaúnde López de Romaña
o Jorge
Avendaño Valdez, por decir algunos nombres de efectivo prestigio.
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Tales figuras con su inclusión le
darían lustre a la institución y se estaría defendiendo, efectivamente, la
constitucionalidad que se requiere. Y por qué no con el propio Eguiguren. Dejémonos de enfrentamientos estériles
que a nada bueno conducen y solucionemos de inmediato el problema presentado.
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Lo de la Defensoría del Pueblo
también hay que arreglarlo si se quiere ser consecuentes. Hace un buen tiempo
que el actual jefe de esa prestigiada entidad estatal es manejada interinamente
por Eduardo Vega Luna que lo hace,
dicho sea de paso, con efectividad y en forma acertada.
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No es la primera vez que la
indicada institución sufre de esta acefalía.
Walter Albán Peralta, actual
Ministro del Interior, ejerció el cago durante largo periodo de tal forma. La
organización requiere su inmediata formalidad representativa.
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Mientras tanto y esperando la luz
verde congresal, hay varios candidatos para el puesto. Entre ellos: Gastón Soto Vallenas, apoyado por el oficialismo nacionalista.También se asegura que Walter Gutiérrez, ex Decano del Colegio de Abogados de Lima y
editor de libros de Derecho con una solida empresa de este tipo, volverá a
tentar el cargo como lo hizo anteriormente.
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El que si declinó por completo es Guido Lombardi ,que prefiere el
ejercicio del periodismo en Radio Programas del Perú (RPP). Incluso anda
decepcionado del propio Congreso donde, en el periodo de 1906 a 1911, ocupó una
curul parlamentaria por Unidad Nacional.
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Los entendidos en estas lides
aseguran con razón que hay un postulante que podría ser el “gallo de tapada” y
la revelación de la designación en la
Defensoría. El doctor Guillermo
Bettocchi Ibarra, quien cuenta con
el visto bueno de prestigiados juristas
de diferentes sectores representativos.
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Asimismo este prestigiado abogado
posee una hoja de vida profesional intachable e impecable. Si efectivamente se
confirma su candidatura, como esperan los que lo apoyan, aquí estaría la solución para la institucionalidad de la Defensoría.
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Se trata de un especialista de
polendas con capacidad de persuasión y conocimientos jurídicos que ha
trabajado, habiendo destacado
plenamente, en la Organización de Naciones Unidas. Qué esperamos para elegir a quienes efectivamente aportarían porque
son los representantes de los intereses legítimos del Perú. Una decisión que se
debe cumplir de inmediato para reforzar el sistema democrático.
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Lo de la unión civil de los homosexuales está en plena discusión. Allí
en el tapete de la controversia encontramos por un lado a los que están de
acuerdo de una y otra forma frente a aquellos que lo rechazan por completo, con
la Iglesia Católica y el Cardenal Juan Luis Cipriani a la cabeza.
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Los primeros con la razón de exigir
derechos que es lo acertado. Los
segundos eminentemente en una posición enteramente deformante y lo que es
peor poco cristiana y nada solidaria.
Exactamente lo contrario a lo que pregonan. Ya es tiempo de cambiar. Que se juzgue el comportamiento de las
personas. No su sexualidad. Como dice, nada más y nada menos, el Papa
Francisco.
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A cada ser humano, hay que
aceptarlo de, una vez por todas, con cualquiera de las opciones de género que
tengan. Ellos tienen el derecho de hacer
de su vida conforme les parezca y lo que efectivamente deseen como mandato de
sus convicciones, gustos e inclinaciones naturales. Las opciones existen y no podemos desaparecerlas a punta de
caballazos e influencias de carácter religioso. Ni menos excluirlas por quítame
estas pajas.
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Todos, heterosexuales y homosexuales,
aspiran a la equidad y la justicia. Los segundos,
evidentemente, no la tienen y están excluidos de lo que la mayoría posee.
Como minoría hay la obligación de escucharlos y comprenderlos. Ellos quieren
equidad, inclusión y justicia. ¿Por qué no? A estas alturas, la
homofobia tiene que desaparecer para dar paso a la igualdad. Tal premisa sí que
es la más justa. El cambio es una necesidad.
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Lo del conflicto de intereses del
Ministro de Energía y Minas, Eleodoro
Mayorga, debe aclararse de inmediato. No necesariamente como lo hace el
Presidente Humala de forma tan poco convincente
y con arrebatos verbales. Como si estuviese en un cuartel. Así no se convence a
nadie. Por el contrario, las contradicciones se agudizan.
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Lamentable porque Mayorga tiene fama de ser un
profesional serio y de prestigio.
Manchar honras así por asi no es aceptable. Ni menos constructivo. Por eso
mismo, más temprano que tarde, demostremos honestidades. El país lo necesita
para la salud de la ética.
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Hay paralización y crisis en el
Poder Judicial por la huelga de los trabajadores y el público usuario en la
estacada. Los tramites duermen el sueño de los justos y nadie resuelve la
situación de por si preocupante. Si de
por si este poder del estado es lento, la medida de fuerza lo convierte en
inoperante.
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Cada día se agrava más la
situación del recientemente elegido
Fiscal de la Nación, Carlos Ramos
Heredia.. Ahora resulta que las
fiscales que votaron por el pariente de Nadine Heredia habrían sido
favorecidas para ocupar sus cargos. Las irregularidades se hallan a cada
rato y en todo lugar. Si se estima y tiene decencia, el famoso magistrado debe
dar un paso al costado. Hasta el cien estamos en lo que se refiere a justicia.
Hay que cambiar, tenemos que cambiar. Clamor unánime, clamor de todo el Perú (Noé)
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